La presidenta Keiko Fujimori formalizó la primera parte del incremento de la remuneración mínima vital, que desde el 1 de octubre pasará de S/1.130 a S/1.230. El ajuste inicial será de S/100 y forma parte de un aumento gradual que llevará el salario mínimo a S/1.300.
La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la presencia de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, Juan Sheput, ministro de Trabajo, y Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Fujimori firmó el decreto supremo que oficializa el incremento y sostuvo que su administración actuó «de manera institucional».
Sheput dijo que la decisión pasó por estudios económicos y por la participación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado. También afirmó que el aumento «no tiene consecuencias inflacionarias, ni tampoco es una cuestión populista».
La mandataria agregó que los S/70 restantes se aplicarán después del fenómeno de El Niño. Según dijo, esa segunda etapa llegaría una vez que termine ese episodio climático, cuya evolución, de acuerdo con las previsiones citadas por el Gobierno, podría extenderse hasta comienzos de 2027.
Fujimori señaló además que la medida beneficiará a unos 600.000 trabajadores. También afirmó que, si su administración hubiera seguido «expectativas pasadas», habría podido firmar el alza antes.
El Gobierno también anunció un respaldo para las micro y pequeñas empresas. Fujimori explicó que aquellas que tengan entre dos y diez trabajadores recibirán a fin de mes de octubre un bono de S/100 por cada trabajador que tengan. La mandataria vinculó ese apoyo con la necesidad de sostener la medida sin un impacto brusco.
En esa misma línea, el Gobierno planteó este mecanismo para evitar un golpe repentino en la inflación y para reducir las posibles dificultades que el aumento podría generar en las micro y pequeñas empresas. El MEF recalcó que el segundo aumento será de S/70.
La RMV se mantenía en S/1.130 desde enero de 2025, cuando el Gobierno de Dina Boluarte aprobó un aumento de S/105 mediante el Decreto Supremo 006-2024-TR.
La escena lo dice todo. El Ejecutivo busca vender el alza como una decisión ordenada, con respaldo político y con un costo amortiguado para la pequeña empresa. No es un giro menor: en un país donde el empleo formal y la productividad siguen bajo presión, cada aumento del salario mínimo pesa sobre las decisiones de contratación, sobre la caja de las empresas más chicas y, en última instancia, sobre el bolsillo de los consumidores.
Por eso importa el diseño gradual. El Gobierno no quiso un salto seco y prefirió dos tramos, más un bono temporal para las micro y pequeñas empresas. Esa arquitectura revela una verdad simple: cuando el Estado fija el piso salarial, también administra parte del riesgo económico. El desenlace dirá si la promesa de «sin consecuencias inflacionarias» resiste el choque entre política, costos y realidad empresarial.
