El humo todavía no se había disipado del todo sobre el sector de Manzanilla cuando Keiko Fujimori llegó al lugar. Era el distrito de La Victoria, Lima, y lo que quedaba de una vivienda contaba una historia que la presidenta electa no quiso ver desde lejos.
El incendio dejó diez personas fallecidas. Las fuentes consultadas difieren en el número exacto de menores entre las víctimas: Infobae Perú indica cuatro menores de edad y un adulto mayor, mientras que El Comercio reporta cinco menores de edad. Lo que no está en disputa es la magnitud de la pérdida.
Fujimori se reunió con los familiares de las víctimas —identificados como la familia Vilches Moscoso— y escuchó sus pedidos. «Mi solidaridad con la familia Vilches Moscoso», declaró ante los medios. «He podido conversar y quiero también agradecer a la ministra de la Mujer actual en funciones, a la representante de la Defensoría del Pueblo».
La calificación que eligió fue directa: «Es una matanza terrible». Según El Comercio, el incendio habría sido provocado por una banda de extorsionadores, aunque Infobae Perú no atribuye una causa específica al siniestro.
Fujimori precisó ante los medios que todavía no ejerce funciones como jefa de Estado y que recién podrá tomar decisiones oficiales cuando asuma la Presidencia de la República. Aun así, el mensaje sobre prioridades fue inequívoco: «Lo que están pidiendo es orden y seguridad, y eso es lo primero que vamos a hacer la próxima semana».
El anuncio concreto llegó en ese mismo escenario. La primera sesión del Consejo de Ministros de su gobierno se realizará el 29 de julio, la mañana siguiente a la ceremonia de transferencia de mando. El objetivo declarado: evaluar la aprobación de decretos de urgencia en materia de seguridad ciudadana. «El 29 por la mañana tendremos la primera sesión de Consejo de Ministros para empezar a tomar acciones. Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que, de manera inmediata, a partir de la próxima semana empecemos a recuperar el orden», afirmó.
Sobre el contenido específico de esos decretos, Fujimori optó por la reserva institucional: «No puedo adelantar nada porque debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, pero ustedes han escuchado las propuestas que hemos estado planteando a lo largo de la campaña». La convocatoria anticipada del gabinete implicó reprogramar la tradicional ceremonia con las iglesias evangélicas, prevista inicialmente para el 29 de julio y trasladada al día siguiente.
La agenda de los primeros días incluye también un viaje a la provincia de Chupaca, en Junín, donde un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en el distrito de Chongos Bajo dejó fallecidos, damnificados y numerosas viviendas afectadas, según reportes oficiales citados por Infobae Perú. Fujimori confirmó que ese será su primer viaje oficial como jefa de Estado, con el objetivo de reunirse con las familias damnificadas y coordinar la entrega de ayuda humanitaria.
La ayuda de su partido y de la Municipalidad de Lima, señaló Fujimori, ya comenzó a llegar para atender las necesidades inmediatas de los familiares afectados por el incendio. Pero fue enfática en un punto: ningún apoyo material puede reparar la pérdida de vidas humanas.
Lo que el escenario revela. Hemisferio observa que Fujimori eligió La Victoria —y no un despacho— como el lugar desde donde proyectar su primera señal de gobierno. El gesto tiene una lógica política precisa: la seguridad ciudadana no es para su administración una promesa de campaña pendiente de traducción burocrática, sino el eje sobre el que girará la primera semana de gestión. Decretos de urgencia en mano, primera sesión de gabinete a las pocas horas de asumir: el reloj arranca sin margen para la inercia. Para los peruanos que llevan años reclamando orden en sus barrios, esa urgencia no es retórica. Es la vara con la que medirán los primeros cien días.
