El proyecto de Ley de Presupuestos 2027, ingresado por el presidente José Antonio Kast, llega con un recorte visible para Cultura. La base comparable del ministerio cae de $489.899 millones en 2026 a $440.518 millones el próximo año. La diferencia es de $49.381 millones. En términos porcentuales, equivale a 10,1%.
La escena lo dice todo. El ajuste no se reparte de manera pareja. Golpea con más fuerza las actividades programáticas, la inversión cultural y patrimonial, y varios fondos de apoyo. Al mismo tiempo, algunos programas conservan sus niveles y otros incluso suman recursos nuevos. Esa combinación dibuja un presupuesto más austero, pero también más selectivo.
En Actividades Programáticas de las Culturas y las Artes, el monto baja de $229.449 millones a $200.642 millones. La caída es de 12,6%. Dentro de ese bloque, el Pase Cultural se reduce a la mitad: pasa de $6.101 millones a $3.000 millones, una baja de 50,8%. El beneficio queda reconfigurado como un aporte único de $75 mil para aproximadamente 40 mil familias.
También cae el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Va de $12.647 millones a $10.416 millones. Es una baja de 17,6%. En contraste, otros fondos concursables muestran cambios mínimos. Fondart baja 0,2%, el Fondo de la Música 0,2% y el Fondo Audiovisual 0,1%. El Fondo de Artes Escénicas se mantiene en $10.431 millones.
A la vez, el proyecto incorpora $2.202 millones para la participación de Chile en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2027. Ese dato muestra una prioridad puntual en una agenda internacional, mientras otros programas internos ajustan cinturón. Los protagonistas del presupuesto parecen quedar separados entre lo que se recorta y lo que se protege.
Las Iniciativas de Inversión Cultural presentan una de las caídas más duras. Pasan de $22.840 millones a $8.039 millones. Eso equivale a 64,8% menos. Dentro de ese bloque, los recursos vinculados al Ministerio de Obras Públicas se desploman de $11.671 millones a $360 millones, con una baja de 96,9%.
El patrimonio tampoco queda al margen. Las Actividades Programáticas del Patrimonio bajan de $155.523 millones a $139.178 millones, es decir, 10,5% menos. Las Iniciativas de Inversión Patrimonial caen de $79.006 millones a $66.183 millones, una reducción de 16,2%.
El Fondo del Patrimonio se contrae 45,3%, desde $5.774 millones a $3.160 millones. El Fondo de Mejoramiento Integral de Museos cae 19,6%. El de Mejoramiento Integral de Bibliotecas sufre una baja de 57,9%. Son recortes que afectan directamente al mantenimiento, la conservación y la capacidad de mejora de espacios culturales.
El Programa Sitios de Memoria también baja. Pasa de $915 millones a $683 millones, una caída de 25,3%. Sin embargo, se mantienen transferencias específicas a instituciones como la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, con $415,5 millones; Londres 38 Casa Memoria, con $419,6 millones; el Memorial de Paine, con $172,1 millones; y la Fundación Museo de la Memoria, con $2.642 millones.
Las Instituciones Colaboradoras en el Acceso al Arte y la Cultura reciben $3.177 millones menos, un retroceso de 8,3%. Aun así, entidades como el GAM, el Centro Cultural Palacio de La Moneda y Artesanías de Chile mantienen prácticamente sus asignaciones. En otras palabras, el ajuste no barre todo por igual. Diferencia, jerarquiza y deja zonas de resguardo.
En la administración interna, los gastos de operación del ministerio bajan 4%, hasta $100.695 millones. El gasto en personal disminuye 6,3%, con $5.105 millones menos. En cambio, los bienes y servicios de consumo suben 6,1%. La transferencia al Consejo Nacional de Televisión cae 27,2%, desde $7.905 millones a $5.757 millones.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El presupuesto cultural no solo muestra una poda. Muestra una decisión política sobre qué prioriza el Estado y qué deja atrás. Y cuando el dinero de los contribuyentes se contrae, el golpe suele sentirse primero en la inversión, en la infraestructura y en los programas menos protegidos.
El giro importa porque la cultura también depende de reglas claras y de una asignación que no castigue a quienes producen, conservan y difunden patrimonio. Un presupuesto más ajustado puede ordenarse, pero también reduce margen para proyectos, mantenimiento y acceso. Ahí está el desenlace: menos recursos para arte y patrimonio, más presión sobre instituciones y más exigencia de eficiencia al aparato estatal.
