La escena lo dice todo. Una niña de 13 años ingresa a un campamento de verano en una escuela militarizada de Tamaulipas el mes de julio. Días después, el 16 de julio, muere. La Fiscalía del estado abre una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Lo que sigue es una cadena de vinculaciones a proceso, convocatorias de marcha y una pregunta que la familia de Dafne Zapata Quintos se niega a dejar caer en el olvido: ¿quién responde?
Para el 6 de agosto, ciudadanos, colectivos feministas y organizaciones han convocado a movilizaciones pacíficas en Ciudad de México, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez y Tamaulipas, el estado donde ocurrió el caso. La madre de Dafne, Alejandra Quintos, agradeció públicamente el respaldo y señaló que, conforme se acerca la fecha, más estados se suman a la convocatoria. El lema que unifica las protestas es directo: ¡No estamos todas, nos falta Dafne!
Los organizadores piden a quienes asistan vestir ropa negra o morada y llevar pancartas en memoria de la adolescente. La consigna no es solo simbólica: apunta a que las investigaciones avancen con transparencia y a que se determine la responsabilidad de todas las personas involucradas.
En el frente judicial, un juez ya vinculó a proceso a Estrellita «N» y Jorge Luis «N» por su probable participación en el delito de feminicidio. Ambos permanecerán sujetos al proceso penal mientras continúan las investigaciones complementarias, cuyo plazo concluirá en enero de 2027. Previamente, Danna Yanina «N» también fue vinculada a proceso por el mismo delito; su defensa sostuvo públicamente que su representada es inocente y anunció que promoverá recursos legales.
El padre de Dafne fue más explícito: busca que todos los responsables reciban la pena máxima prevista por la legislación.
El caso también tuvo consecuencias institucionales inmediatas. La Secretaría de Educación Pública instruyó revisar los permisos y reconocimientos oficiales de las escuelas militarizadas y anunció que este tipo de instituciones dejará de operar bajo esa modalidad a partir del ciclo escolar 2026-2027. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida al señalar que ningún modelo educativo puede justificar abusos contra niñas, niños y adolescentes.
Los detalles cuentan la historia. Una escuela con nombre y apariencia de institución de orden —el tipo de establecimiento que el Estado avala con permisos y reconocimientos oficiales— se convirtió en el escenario de la muerte de una menor. La pregunta incómoda no es solo quiénes son los imputados, sino qué mecanismos de supervisión fallaron y durante cuánto tiempo.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el caso de Dafne Zapata expone una falla estructural del aparato estatal mexicano: la delegación de funciones educativas y de custodia de menores a instituciones privadas con supervisión laxa. Que la SEP haya reaccionado cerrando el modelo —en lugar de reforzar los controles— dice más sobre la ausencia de fiscalización previa que sobre la eficacia de la respuesta. El Estado no puede subcontratar la protección de los más vulnerables y luego presentar la cancelación de permisos como un acto de justicia. La familia de Dafne, las organizaciones que marchan y los jueces que vinculan a proceso están haciendo el trabajo que el aparato público no hizo a tiempo. Esa es la deuda que ningún decreto educativo salda.
