Julia Daza lleva unos días al frente de la Biblioteca Nacional y ya quedó en el centro de una discusión que mezcla experiencia profesional, manejo interno y recursos públicos. Su nombramiento, hecho por el presidente Abelardo de la Espriella, activó cuestionamientos en redes sociales sobre si cumple o no con el perfil que exige el cargo.
La controversia no es menor. El puesto demanda 72 meses de «experiencia profesional relacionada», y para el Ministerio de Culturas Daza acredita 73 meses y 14 días, sustentados en un documento técnico. Ese respaldo oficial es el punto de partida de la defensa institucional, pero también el motivo del debate: para sus críticos, la hoja de vida no muestra trayectoria en bibliotecología ni en políticas de promoción de lectura, campo central de la Biblioteca Nacional.
El documento del ministerio relaciona funciones previas de Daza con requisitos como planear y diseñar políticas vinculadas con la lectura y su contribución al desarrollo educativo e intelectual de la población colombiana. También incluye experiencias en la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A., la Fiduprevisora, la Gobernación de Magdalena, Escolio Consultores y el despacho de Noemí Sanín Posada cuando era candidata presidencial en 2010.
Con esa base, el Ministerio de Culturas considera válidas distintas trayectorias de Daza en comunicaciones, gestión y asesorías, tanto en el sector público como en el privado. Pero en redes la lectura ha sido otra: la preparación para dirigir una institución cultural y patrimonial sigue bajo lupa, sobre todo porque la propia fuente no menciona una carrera previa en bibliotecas o promoción de la lectura.
A ese debate se sumaron otros cuestionamientos. Juan David Correa, exministro de Culturas de Gustavo Petro, también se pronunció, y su señalamiento se agregó al de varias cuentas en redes sociales. La discusión, así, dejó de ser solo sobre una designación y empezó a tocar el funcionamiento interno de la Biblioteca Nacional.
EL COLOMBIANO conoció que en días pasados Daza presuntamente habría gritó a uno de los colaboradores delante de otros, por asumir que el equipo que viene de gobiernos anteriores querría ponerle trabas. Esa versión se enlaza con otro hecho que, según la nota, habría tensado el ambiente: la suspensión del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y el Encuentro Nacional Relata, eventos frenados por falta de presupuesto y comunicados el mismo día de su llegada.
Una fuente enterada también dijo que desde adentro habría «maltrato» a funcionarios que vienen del gobierno anterior. Además, afirmó que Daza «no está capacitada» porque «no tiene experiencia específica» y que «apenas se está asomando al mundo de la lectura y la promoción de lectura». Esa misma fuente aseguró que varias de las cosas que ella dice que va a hacer ya se han hecho.
Otra versión apunta a que, antes de la posesión de Daza, el Gobierno habría dado la orden de sacar funcionarios técnicos que llevaban años en la Biblioteca Nacional. «Sacaron a dos personas que eran muy importantes para el funcionamiento de la Biblioteca», aseguró esa fuente.
También se mencionó una circular supuestamente enviada para que los baños del piso de arriba de la Biblioteca fueran «de uso exclusivo para la Dirección». No hay una respuesta oficial del Ministerio de las Culturas: el diario contactó a la cartera para conocer su versión, pero hasta ahora no ha habido contestación.
La escena lo dice todo: una designación que debía leerse como continuidad administrativa terminó convertida en un test sobre mérito, experiencia y orden dentro de una institución pública. Cuando el debate gira alrededor de si el cargo se entrega por capacidad o por afinidad, el mensaje que recibe el país es incómodo: la burocracia sigue expuesta a la sospecha.
Y hay otra lección de fondo. Si la Biblioteca Nacional depende de decisiones improvisadas, recortes sin explicación clara o ajustes que se sienten en su operación, el costo no lo paga la dirigencia política sino el servicio público y, en última instancia, los ciudadanos. Los detalles cuentan la historia: el Estado no puede pedir confianza si no cuida el profesionalismo de sus propias instituciones.
