El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, salió a contener la tormenta política que desataron sus dichos sobre el estrecho de Magallanes y la cooperación bilateral. En una declaración difundida esta noche, sostuvo que «mis palabras fueron claramente sacadas de contexto» y que «en ningún momento condicioné la soberanía de Chile».
La controversia había escalado después de su participación en el Día del Comercio Global 2026, organizado por CSAV, donde afirmó: «Si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que les ayude a proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes; si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que también son importantes para nosotros».
Esa frase obligó al Ejecutivo a subir el tono. Desde el Congreso, el canciller Francisco Pérez Mackenna respondió que «nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos. No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía. Así lo hemos venido haciendo por 200 años».
Pérez Mackenna además no descartó una nota de protesta ante las declaraciones del diplomático. Dijo que «obviamente es algo que vamos a tener que evaluar (...) Yo no descarto nada hasta que no termine la evaluación».
Judd, en su respuesta, agradeció al ministro de Defensa, Fernando Barros, y a «todos aquellos que han reconocido dicho contexto», junto con su «larga trayectoria de apoyo a la soberanía de Chile». También aseguró que su presentación ante CSAV fue «un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral» y a lo que ambos países «están haciendo —y pueden hacer— juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos».
La escena lo dice todo. Un embajador estadounidense habló de recursos, crimen organizado y estrecho de Magallanes; el gobierno chileno escuchó una señal política demasiado cargada y respondió con soberanía en mayúsculas. Entre ambos mensajes quedó expuesta la trastienda de toda relación bilateral: cooperación sí, pero sin que el Estado termine aceptando condiciones que toquen una atribución tan sensible como el control soberano.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cuando la discusión se instala en el terreno de la soberanía, el costo político sube de inmediato y el margen para la ambigüedad se achica. Ahí es donde importa distinguir entre colaboración internacional y presión diplomática: la primera puede fortalecer al país; la segunda, si se percibe como condicionamiento, termina empujando al gobierno a marcar límites ante su propia opinión pública.
Los detalles cuentan la historia. Judd buscó bajar el perfil, pero no retiró el contenido político de su intervención; La Moneda, por su parte, respondió defendiendo la capacidad de Chile para resguardar por sí mismo su soberanía. En esa pulseada, lo que está en juego no es solo una frase desafortunada o una aclaración posterior, sino el principio de que la cooperación con una potencia no puede transformarse en un peaje sobre decisiones que pertenecen al Estado chileno y, en última instancia, a sus ciudadanos.
