La escena lo dice todo. En el Congreso de la República, durante la ceremonia de ascensos de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional del 7 de octubre de 2026, el senador Germán Rodríguez y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo protagonizaron un momento de tensión que terminó en reproches públicos, mensajes en X y versiones opuestas sobre lo ocurrido.
Rodríguez pidió a Jaramillo que se retirara del recinto. Le dijo que no tenía derecho a estar presente en la ceremonia porque, según su señalamiento, había «lastimado» a las Fuerzas Militares durante su paso por el gabinete en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
«Usted no tiene que estar aquí (...). Usted lastimó a las Fuerzas Militares en Colombia. Haga el favor, se retira. Eso no se hace. Respete esta ceremonia, haga el favor», dijo el senador, que además es mayor retirado de la Infantería de Marina.
Jaramillo negó esa acusación. Aseguró que fue invitado al evento y respondió que no había afectado a los integrantes de la fuerza pública. «Lo único que he hecho es defenderlos. Senador, yo lo respeto cuando usted me respete», expresó.
Después del cruce, Rodríguez escribió en X que había pedido la salida del exministro y que este se fue del lugar. También sostuvo que Jaramillo no es bienvenido en actos relacionados con la fuerza pública. En su mensaje, afirmó que no permitiría que personas que hicieron parte de un gobierno que, según él, «le hizo tanto daño a Colombia» ocuparan espacios donde se honra a policías.
Jaramillo replicó en la misma red social. Dijo que era contradictorio hablar de que no era bienvenido en una ceremonia a la que, según él, había asistido por invitación formal. Y cuestionó la manera en que Rodríguez dice defender la democracia.
«¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?», preguntó.
El exministro también rechazó la idea de que el gobierno de Petro hubiera «lastimado» a la fuerza pública. Por el contrario, aseguró que durante esa administración se aumentó el presupuesto de la Policía, se impulsaron ascensos y se avanzó en mejores condiciones salariales y de bienestar para los uniformados.
«El gobierno del (ex)presidente @petrogustavo no “lastimó” a la Fuerza Pública. Durante nuestro Gobierno aumentamos el presupuesto de la Policía, impulsamos ascensos y avanzamos en mejores condiciones salariales y de bienestar para nuestros uniformados», escribió.
Más tarde, Jaramillo negó que hubiera abandonado el Congreso tras el reclamo. Según dijo, permaneció en toda la ceremonia y se retiró después porque tenía una reunión previamente programada con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. También rechazó la frase atribuida por Rodríguez de que había «salido corriendo».
El exministro explicó que ese encuentro estaba relacionado con la documentación de actos intimidatorios y hostigamientos que, según él, se estarían presentando contra integrantes del «Gabinete por la Vida». Añadió que esas situaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La disputa dejó algo más que una anécdota protocolaria. También exhibió el choque entre una visión cerrada de los actos institucionales y la defensa de que las ceremonias del Estado no pertenecen a un sector político sino a las instituciones y a sus miembros. En esa trastienda, el punto de fondo no es solo quién entra o quién sale de un salón: es quién cree tener autoridad para repartir legitimidad dentro del aparato estatal.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cuando las instituciones se convierten en territorio de exclusión, el costo no lo pagan los protagonistas de la pelea sino la autoridad misma del Estado. La Policía, el Congreso y las ceremonias oficiales pierden peso cuando se usan como escenario para medir lealtades políticas.
Y ahí está el desenlace incómodo: si una invitación formal no basta para garantizar presencia, y si la pertenencia ideológica empieza a definir quién puede o no sentarse en un acto institucional, entonces el mensaje para el ciudadano es claro. La neutralidad del Estado se debilita, y con ella la idea de que las instituciones existen para servir a todos, no para ser administradas como feudo de nadie.
