La escena lo dice todo. Este 16 de septiembre, Guillermo Alfonso Jaramillo no asistió a la audiencia de conciliación citada por la Fiscalía en el caso de Kevin Acosta, el menor que murió en febrero después de permanecer cerca de dos meses sin recibir su medicamento para la hemofilia.
La familia ya había adelantado que no estaba dispuesta a conciliar. «Tenemos una posición clara y no vamos a conciliar», dijo Manuel Villanueva, abogado representante civil de la víctima, al insistir en que no hay manera de conciliar la vida de un niño. Para los allegados, el desenlace no pasa por un arreglo, sino por la ruta judicial.
Jaramillo, exministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro, envió un oficio a la Fiscalía antes de la diligencia. Según él, no tiene nada que conciliar y no violó el secreto de la historia clínica del niño. La cita estaba programada después de que la familia denunciara los hechos que derivaron en una indagación de la Fiscalía contra Jaramillo y, además, en una compulsa de copias contra Gustavo Petro.
El caso tiene un segundo frente que sigue abierto: la reserva de la información médica. La familia cuestionó que Jaramillo hubiera hecho públicas declaraciones sobre la condición médica de Kevin durante un consejo de ministros, cuando aún atravesaba el duelo por la muerte de su hijo. La madre consideró que esa información estaba protegida por reserva.
Jaramillo había dicho públicamente que Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente en bicicleta y que a un hemofílico había que restringirle ese tipo de situaciones. En paralelo, Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, sostuvo que revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito y afirmó que la Nueva EPS nunca debió entregar esa información. También citó el artículo 269F del Código Penal Colombiano sobre violación de datos personales.
Villanueva, por su parte, fue más allá y habló de una posible imputación por presunto homicidio culposo. Dijo que ve méritos suficientes para que la Fiscalía lleve a Jaramillo ante los jueces. En sus palabras, la conclusión sería una responsabilidad penal por homicidio culposo en contra del expresidente Gustavo Petro y del exministro de Salud, a quienes atribuyó una calidad de garantes.
Pero el expediente también deja grietas en la versión de los señalamientos contra la madre. En uno de los puntos revelados, la madre de Kevin no aceptó un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, según el informe de Nueva EPS, fue la entidad prestadora de servicios en salud la que decidió no realizarlo, y puso esa decisión en conocimiento de la madre. El informe explicó que existía un elevado riesgo de morbimortalidad trans y posoperatoria y que, en conjunto con la madre, se definió no hacer manejo quirúrgico y continuar con tratamiento médico de soporte vital y medidas de neuroprotección.
Médicos de Colombia también intervino para marcar distancia con esa versión: señaló que lo crítico del caso no fue rechazar la cirugía, sino la falta de medicamentos para controlar la enfermedad. La organización, además, rechazó los señalamientos contra la madre.
La familia, en cambio, sostiene que el niño no recibió durante aproximadamente dos meses el medicamento profiláctico emicizumab, comercialmente Hemlibra, y que en ese lapso sufrió una caída que derivó en una lesión craneoencefálica que lo condujo a la muerte. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el caso ya no es solo una discusión sobre una audiencia fallida. También es una prueba de hasta dónde llega la responsabilidad de las instituciones cuando la vida de un menor depende de un tratamiento que no llega a tiempo. Los protagonistas del sistema de salud aparecen aquí en una escena incómoda, donde cada omisión pesa más que cualquier declaración pública.
Y hay otra lección que el país no puede esquivar. Cuando el aparato estatal entra en zonas de reserva, tutela médica y atención oportuna, el costo termina recayendo sobre la familia y sobre la confianza pública. Si la medicina falla, si la burocracia tarda y si las explicaciones aparecen tarde, la factura no la paga la institución: la paga el ciudadano.
