La escena lo dice todo. Un decano con el vehículo vandalizando, un líder estudiantil con varias puñaladas y un proceso de designación de autoridades académicas que tambalea bajo el peso de las amenazas. Eso es lo que ocurre hoy dentro de la Universidad Nacional de Colombia, la institución pública de educación superior más grande del país.
Hace casi dos semanas, el profesor Rafael Malagón Oviedo, decano de la Facultad de Odontología, fue víctima de un acto de vandalismo contra su vehículo. El colectivo Bien Común sostuvo que se trató de «un acto de represalia dirigido a silenciar su pensamiento crítico y su derecho a cuestionar públicamente los asuntos que afectan nuestra institución». El mismo colectivo advirtió que, en los días previos, otros integrantes de la comunidad universitaria ya habían denunciado intimidaciones sin que —según señalan— las directivas se hubieran pronunciado ni adoptado medidas.
Ocho días después llegó el segundo episodio. El líder estudiantil Kevin Yirigüí recibió varias puñaladas en el campus de Bogotá, supuestamente tras haber retirado pancartas del sindicato Sintraunal. El propio Yirigüí le dijo a El Colombiano: «Sintraunal anda vendiendo una narrativa según la cual yo apuñalé a otro estudiante. Eso es totalmente falso». Por su parte, el sindicato acusa una «escalada de prácticas de extrema derecha» dentro de la universidad, orquestada —dice— desde cuentas y canales que buscarían desprestigiar a sus dirigentes.
El rector José Ismael Peña respondió con un comunicado en el que anunció la «activación de acciones administrativas, jurídicas y de protección frente a los recientes hechos de violencia y amenazas», e informó que la información recopilada ya fue entregada a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes. Pero el párrafo que más resonó fue el dirigido directamente a quienes participan en la designación de decanos: «No cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo dentro de nuestra institución».
La advertencia no es retórica. Según la fuente, algunos profesores habrían manifestado temor e incluso estarían reconsiderando su participación en el proceso electoral interno a raíz de las intimidaciones recientes. El representante docente Diego Torres confirmó el clima: «Yo también he denunciado que me rayaron el carro, me pincharon las llantas del vehículo y también las de mi bicicleta». Torres señaló además que el dirigente sindical Diego Flores y el estudiante Alejandro Bula supuestamente aparecen en registros relacionados con los hechos contra Yirigüí, aunque subrayó que el caso debe ser esclarecido por las autoridades.
Torres valoró la postura de la actual administración —«la Rectoría ha asumido una posición distinta al promover las denuncias y brindar acompañamiento»— pero insistió en que aún es necesario fortalecer el trabajo con las autoridades e «incentivar la denuncia» para que todos puedan participar sin temor a represalias.
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en disputa no es solo quién ocupa un decanato: es si los procesos democráticos internos de una universidad financiada con dinero de los contribuyentes colombianos pueden funcionar bajo coacción. Cuando la violencia —o la amenaza creíble de ella— logra que candidatos se retiren y votantes se autocensuren, el resultado formal de cualquier elección pierde legitimidad, independientemente de quién gane.
Para Hemisferio, el episodio ilustra una tensión más amplia: el aparato sindical y los colectivos organizados dentro de las universidades públicas latinoamericanas han aprendido a usar la presión extrainstitucional como palanca de poder. Cuando esa presión cruza la línea hacia la violencia física, el Estado —en este caso encarnado en la Rectoría y la Fiscalía— tiene la obligación de actuar con toda la contundencia que la ley permite. La autonomía universitaria protege el debate; no puede convertirse en escudo para la impunidad.
