Miles de indios protestaron el 12 de octubre de 2026 en Nueva Delhi contra la eliminación masiva de votantes de los padrones electorales, en una disputa que ya cruzó tribunales, calles y la propia arquitectura del sistema electoral del país.
La capital india estuvo bajo asedio el sábado. El gobierno desplegó más de 20.000 policías y efectivos paramilitares, levantó barricadas en el centro de la ciudad y suspendió el acceso a internet. Al anochecer, más de 7.000 personas habían sido detenidas por la policía, entre ellas líderes de partidos opositores, abogados y periodistas. Pese al operativo, miles regresaron el lunes a protestar con más fuerza.
La movilización apuntó a dos demandas centrales: la renuncia del principal comisionado electoral de India y el retroceso de un proceso nacional conocido como Special Intensive Revision, o SIR. Ese comisionado encabeza el órgano electoral nacional y es nombrado a recomendación de un comité presidido por el primer ministro.
El SIR, en teoría, buscaba limpiar y actualizar los padrones. En la práctica, ha eliminado a 130 millones de indios de las listas, más de la mitad del número de estadounidenses habilitados para votar en las elecciones de medio término.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Los problemas comenzaron en el verano de 2025, cuando varios estados indios se preparaban para elegir sus asambleas legislativas. Antes de esos comicios, la Comisión Electoral anunció una revisión en esos estados y dijo que necesitaba «limpiar» los padrones. A numerosos votantes se les exigió demostrar que eran ciudadanos y que tenían derecho a figurar en las listas, presentando uno o más documentos de un grupo limitado. Funcionarios de la comisión revisarían esos papeles y decidirían si los aceptaban o rechazaban.
Grupos de la sociedad civil y activistas políticos llevaron el caso a la Corte Suprema de India en junio de 2025. Cuestionaron la facultad de la Comisión Electoral para llevar adelante revisiones de esa magnitud. La ley electoral india sí autoriza a la comisión a revisar padrones en circunscripciones electorales específicas, siempre que deje sus razones por escrito. Los demandantes sostuvieron que eso no le otorga poder general para obligar a votantes ya inscritos a demostrar de nuevo su elegibilidad.
También alegaron que la lista de documentos aceptables era excluyente y que provocaría un despojo masivo del derecho al voto. En India, el acceso a documentos emitidos por el Estado depende en gran medida de la casta, la clase social y el género. Muchas personas simplemente no tienen los papeles necesarios o la capacidad para sortear la burocracia y obtenerlos.
Durante meses, la Corte Suprema no resolvió la legalidad de unas revisiones electorales de semejante escala, y permitió que el proceso se volviera un hecho consumado. En cambio, pasó largo tiempo en negociaciones judiciales con la Comisión Electoral sobre qué documentos tendrían que presentar los votantes indios para seguir en los padrones. Hubo un debate extendido sobre si Aadhaar, el documento nacional digital de identidad de India, sería aceptado.
Pero mientras seguían las discusiones legales, las exclusiones crecían. En el estado oriental de Bengala Occidental, donde el partido Bharatiya Janata Party, de Narendra Modi, nunca había ganado una elección estatal, nueve millones de personas —alrededor del 12% del electorado— quedaron fuera de los padrones.
Ante esas exclusiones, y sin pronunciarse aún sobre la legalidad del SIR, la Corte Suprema dio un paso extraordinario: creó una maquinaria administrativa completa, con tribunales integrados por funcionarios judiciales para escuchar las apelaciones de los votantes excluidos. Cuando los demandantes advirtieron que esos tribunales tardarían años, si no décadas, en resolver todos los casos, los jueces dijeron en la práctica que no importaba que los excluidos no votaran en la elección inmediata, siempre que más tarde fueran reincorporados a las listas.
La elección en Bengala Occidental siguió adelante con los nuevos padrones y el BJP ganó. Una señal de lo defectuoso que pudo haber sido el SIR fue que cerca del 90% de los votantes de Bengala Occidental cuyas apelaciones fueron resueltas terminaron restablecidos en los padrones. Nueve de cada diez excluidos habían sido retirados indebidamente. Aun así, mientras las exclusiones se contaban por millones en cada estado, la Corte Suprema observó que los datos no mostraban una «privación sistemática del derecho al voto».
Finalmente, cuando la Corte Suprema emitió su fallo en el verano de 2026, avaló todo el proceso. Ratificó los amplios poderes de la Comisión Electoral para realizar las revisiones como considerara conveniente.
Uno de los argumentos centrales contra el ejercicio era que, al exigir a cada elector —incluso a quienes ya estaban en los padrones— que demostrara otra vez su elegibilidad, la Comisión estaba tratando a todos como si fueran presuntamente inelegibles para votar. Era un uso desproporcionado del poder, sobre todo porque existían métodos más moderados.
La Corte rechazó también ese argumento y, en los hechos, dejó a la comisión a salvo de la exigencia de actuar con proporcionalidad. El efecto, como señaló el jurista Vasudev Devadasan, fue crear una «clase permanente» de personas despojadas del derecho al voto, incapaces de participar en la vida política.
La escena lo dice todo. Cuando un aparato estatal exige de nuevo papeles para conservar un derecho ya reconocido, la carga no cae por igual. Cae sobre quien tiene menos acceso a documentos, menos recursos para litigar y menos tiempo para esperar.
Ese es el verdadero desenlace que deja esta historia: una democracia que presume de sus elecciones, pero tolera que la burocracia y la expansión del poder administrativo conviertan el voto en un privilegio revocable. Para un sistema político, no hay costo más alto que ese; para el ciudadano común, tampoco hay despojo más grave que quedar fuera de la urna por una firma, un papel o una decisión tomada a puerta cerrada.
