La escena lo dice todo. Trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS han salido a protestar en distintas entidades del país por sobrecarga de trabajo, escasez de insumos médicos e inconformidades salariales. También reclaman mejores condiciones laborales y abastecimiento de medicamentos, en medio de una discusión que ya alcanzó a la dirigencia sindical y al propio diseño financiero del instituto.
Entre las principales exigencias figura un incremento salarial del 10% directo a sus remuneraciones, la contratación de más personal, el abastecimiento adecuado de medicamentos e insumos en todos los niveles hospitalarios y mejoras en las condiciones de trabajo en las unidades médicas. Las movilizaciones, además, incluyen cuestionamientos a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezada por Rafael Olivos Hernández, a quien algunos manifestantes piden que deje el cargo.
El conflicto estalló a partir de la aprobación de un aumento salarial de 6.8% por parte del Congreso Nacional del Sindicato. De ese ajuste, solo 2.9% se vería reflejado en el salario tabular y 3.9% en prestaciones. Los trabajadores rechazaron el acuerdo por considerarlo insuficiente y por las dudas que tienen sobre la actuación de su representación sindical.
En San Luis Potosí, durante una protesta del 9 de octubre, personal de enfermería denunció que la insuficiencia de trabajadores dificulta la atención de pacientes y que, en ocasiones, deben adquirir materiales con sus propios medios para desempeñar sus funciones. Ese dato resume el deterioro cotidiano que se ha ido acumulando en el instituto: menos manos, menos insumos y más presión sobre quienes sostienen la operación diaria.
A las demandas salariales se suma otra pieza central: las pensiones. Los trabajadores piden el regreso al anterior Régimen de Jubilaciones y Pensiones, así como la eliminación de las Afores. Frente a ello, el IMSS precisó que esos cambios requieren modificaciones legales y no pueden resolverse mediante decisiones internas del instituto. Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutico, afirmó que las pensiones representan el principal gasto del instituto.
La discusión no es solo sindical. Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advirtió que existe una brecha relevante en el financiamiento de la salud en el país. Dijo que para 2027 se proyecta destinar aproximadamente el 2.9% del Producto Interno Bruto a esa área, cuando el mínimo sugerido a nivel internacional es de al menos el 6%. También señaló que se prevé un aumento del presupuesto para el siguiente año, pero ese dinero vendrá de las cuotas patronales, no del gobierno.
Martínez Moreno coincide en que el problema es estructural. Asegura que la disponibilidad de medicamentos e insumos es indispensable para que el personal médico y de enfermería pueda realizar sus actividades de forma adecuada. También señaló que el instituto enfrenta necesidades operativas más amplias: mejor tecnología, espacios, materiales y profesionales.
Pero el punto más delicado, según él, está en la distribución. Consideró que el modelo logístico en el que participa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México todavía enfrenta dificultades para garantizar entregas oportunas a las unidades médicas. En otras palabras: no basta con prometer más recursos si el aparato estatal y su cadena de abasto siguen fallando en lo esencial.
El IMSS informó que sus hospitales y unidades médicas permanecen en operación, pero las protestas dejaron al descubierto una presión que no nació con las manifestaciones. Los especialistas consultados describen una combinación de financiamiento insuficiente, gasto presionado por pensiones, déficit de personal y problemas de distribución que terminan en el mismo lugar: atención limitada para los derechohabientes.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El giro no está solo en el sindicato o en el aumento salarial; está en la fragilidad de un sistema que depende de más cuotas, más eficiencia y mejores reglas para no seguir trasladando sus carencias a pacientes y trabajadores.
Desde la óptica de la responsabilidad fiscal, el caso vuelve a poner bajo la lupa al dinero de los contribuyentes y a la capacidad del Estado para administrar un servicio básico sin castigar a quien produce ni a quien necesita atención. Cuando faltan medicinas, personal y claridad presupuestal, el costo no se queda en la burocracia: cae sobre el enfermo, sobre el trabajador y sobre toda la cadena de confianza que sostiene al IMSS.
