La escena lo dice todo. El miércoles por la mañana, Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje de respaldo incondicional a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas: «Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que tiene que hacerse. Recuerden, son amados y respetados en América». Lo escribió dos días después de que Johan Sebastián Durán Guerrero muriera en Biddeford, Maine, y una semana después de que Lorenzo Salgado Araujo fuera abatido por agentes de ICE en Houston, Texas.
Ambos hombres fueron tiroteados en sus vehículos, como Renée Good en Minneapolis en enero. Ese mismo mes murió también Alex Pretti en circunstancias similares. Cuatro muertes fatales en aproximadamente seis meses: ese es el contexto que rodea la declaración presidencial.
Lo que dicen los números
Las encuestas disponibles contradicen, al menos parcialmente, la caracterización de Trump. Según un sondeo de NPR/PBS News/Marist de febrero, el 65% de los estadounidenses consideraba que ICE había «ido demasiado lejos» en la aplicación de las leyes migratorias, frente al 54% registrado el junio anterior. El desglose por afiliación política es revelador: entre demócratas, el rechazo subió del 83% al 93%; entre independientes, del 59% al 71%. Incluso entre republicanos, la cifra creció del 20% al 27%.
El mismo sondeo indicó que aproximadamente el 62% de los encuestados creía que ICE estaba haciendo a los estadounidenses «algo menos seguros» o «mucho menos seguros», y que el 60% desaprobaba el trabajo de la agencia. Una encuesta de AP-NORC del mismo período encontró que 6 de cada 10 adultos consideraban que Trump había ido demasiado lejos al enviar agentes de ICE a las ciudades estadounidenses.
El matiz importante: entre los republicanos, tres de cada cuatro seguían considerando, en febrero, que ICE hacía un buen trabajo. El apoyo al presidente dentro de su base permanece sólido.
La pausa que duró horas
Tras la muerte de Guerrero en Maine, el Departamento de Seguridad Nacional envió una directiva interna ordenando a los agentes suspender temporalmente las detenciones de tráfico en la persecución de inmigrantes indocumentados, según fuentes que no estaban autorizadas a hablar públicamente y que consultó TIME. La directiva fue revertida horas después.
El propio Trump aceleró esa reversión desde Truth Social: «¡No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen, LA PARADA DE TRÁFICO!». La Casa Blanca confirmó a TIME que la pausa había quedado sin efecto a partir del miércoles.
Un portavoz de ICE declaró al medio: «Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener seguros a nuestros agentes y sacar a los criminales de nuestras calles. No revelaremos ni discutiremos tácticas de aplicación de la ley».
Las cifras migratorias en disputa
En su publicación, Trump afirmó que la política de fronteras abiertas de Joe Biden permitió que «25,000,000 personas» entraran al país «sin control ni verificación». La fuente de esa cifra no aparece sustanciada. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la inmigración neta totalizó aproximadamente 8,3 millones de personas entre 2021 y 2024. Aduanas y Protección Fronteriza reportó más de 10 millones de encuentros con individuos que intentaban ingresar al país. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, citando a la Patrulla Fronteriza, estimó que otros 2 millones probablemente cruzaron sin ser detectados durante ese período.
En paralelo, una encuesta de Gallup publicada el 9 de julio mostró que el 73% de los adultos considera que la inmigración es algo bueno para el país, por encima del promedio de 25 años, que es del 67%.
El debate sobre los controles
Protestas en Maine, Nueva York, Boston y Los Ángeles esta semana han amplificado el llamado a una mayor supervisión de ICE. Una encuesta de Reuters-Ipsos encontró que el 84% de los estadounidenses apoya la obligación de que los agentes usen cámaras corporales — medida financiada mediante una asignación congressional de 20 millones de dólares —, el 69% exige órdenes judiciales para entrar a domicilios, y el 66% apoya prohibir el ingreso de agentes a escuelas e iglesias.
La lectura de Hemisferio
El debate sobre ICE no es, en el fondo, un debate sobre inmigración: es un debate sobre el monopolio legítimo de la fuerza y los límites del aparato estatal. Una agencia que opera sin cámaras corporales, que revierte sus propias directivas de seguridad a las pocas horas bajo presión política y que acumula cuatro muertes en seis meses tiene un problema de rendición de cuentas que ningún tuit presidencial puede resolver.
La paradoja es que el mejor argumento a favor de una política migratoria firme — orden, ley, soberanía — se debilita cada vez que la ejecución de esa política genera dudas razonables sobre el uso de la fuerza. Para quienes creen en el estado de derecho, la solución no es defender a la agencia a ciegas ni desmantelarla: es exigirle los mismos estándares de transparencia y accountability que se le exigiría a cualquier otra institución que porta un arma en nombre del ciudadano.
