En el primer mes del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó el rescate de 30 menores de edad que estaban en riesgo de reclutamiento por grupos armados ilegales.
La directora general del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, presentó el balance como una señal de respuesta temprana del Estado frente a un problema que sigue marcando el pulso de varias regiones del país. «En apenas un mes de gobierno hemos logrado extraer a 30 jóvenes de situaciones de riesgo de reclutamiento. Esto es proteger. Y esto fue lo que hicimos en el Catatumbo», aseguró.
La entidad destacó además un caso ocurrido esta semana en Tibú, Norte de Santander, donde, con colaboraciones con el Ministerio de Defensa, se realizó el rescate de tres menores de edad que estaban bajo amenaza inminente de ser reclutados y en riesgo de perder la vida.
Ese episodio concentra la trastienda del problema. En territorios donde operan grupos criminales, la protección de la niñez depende de que el aparato estatal llegue antes que la coerción armada. Cuando llega tarde, el desenlace es el mismo: familias rotas, menores expuestos y una autoridad pública obligada a reaccionar.
Restrepo explicó que la premisa del ICBF es la prevención del reclutamiento y el apoyo para la desvinculación de menores de edad de grupos armados ilegales, con el fin de anticiparse a la ocurrencia del delito y proteger a la niñez y adolescencia de la violencia. «Esta es precisamente parte de la labor del ICBF cuando hablamos de prevenir el reclutamiento y proteger a nuestra niñez de la violencia: actuar de inmediato, articular a las instituciones y llegar al territorio», enfatizó.
Las cifras divulgadas por la entidad ofrecen una fotografía más amplia. En este 2026, el 56 % de los desvinculados corresponde al sexo masculino y el 44 % a niñas y mujeres adolescentes. Del total de casos registrados, el 33 % pertenece a pueblos indígenas, el 8 % hace parte de comunidades afrocolombianas y el 59 % no registra pertenencia étnica.
Otro dato relevante es que la mayoría de los menores reclutados se ha entregado voluntariamente de forma individual, con un 73 %, frente al 27 % recuperado por las fuerzas militares o la Policía. Ese contraste habla de una realidad incómoda: gran parte de la respuesta no depende de operativos espectaculares, sino de la capacidad de persuadir, proteger y abrir una salida antes de que el reclutamiento se consuma.
Desde la entidad insistieron en fortalecer la presencia en los territorios y la articulación con instituciones, familias y comunidades para identificar tempranamente las amenazas, activar las rutas de protección y evitar que la niñez y adolescencia sean reclutadas.
«La protección también significa llegar antes de que ocurra el reclutamiento. Tenemos que identificar el riesgo, actuar oportunamente y trabajar desde los territorios para mantener a nuestra niñez y adolescencia lejos de la violencia», concluyó la directora Restrepo.
La escena lo dice todo. En un país donde los grupos armados ilegales todavía disputan control regional, cada menor rescatado muestra la magnitud del daño, pero también el tamaño del desafío para el gobierno. No basta con contabilizar desvinculaciones: el verdadero examen está en si el Estado logra cerrar el paso a la maquinaria de reclutamiento antes de que capture a más menores.
Para una administración que ha puesto el orden y la autoridad en el centro, el mensaje es claro: proteger a la niñez no es un asunto periférico, sino una prueba básica de capacidad estatal. Allí se mide si el gobierno puede imponer presencia efectiva sobre la violencia y si el dinero público destinado a protección territorial produce resultados reales o sigue llegando después del desastre.
