La escena lo dice todo. Por primera vez en la historia de Honduras, según declaró Leonel Núñez, miembro de la Comisión Liquidadora, una secretaría de gobierno está siendo cerrada al cien por ciento. No archivada, no fusionada, no rebautizada: liquidada.
El proceso abarca nueve instituciones públicas. Entre ellas figuran la Secretaría de Planificación, la Dirección General de Cinematografía y el Instituto de la Memoria Histórica. Núñez reportó un avance de entre 95% y 96% en los procesos bajo su responsabilidad y estimó que la mayor parte de los trabajos podría quedar concluida durante agosto, aunque reconoció que algunos trámites administrativos o legales podrían prolongarse hasta septiembre.
Los números del desmantelamiento
Hasta ahora, la comisión ha desembolsado aproximadamente 148 millones de lempiras —unos 5.5 millones de dólares— en concepto de prestaciones laborales a los empleados de las instituciones liquidadas. Quedan pendientes alrededor de 37 millones de lempiras adicionales, equivalentes a unos 1.38 millones de dólares, para completar el cierre total de las obligaciones laborales.
En materia de acreedores y proveedores, Núñez situó los pagos realizados en un rango de entre 180 y 200 millones de lempiras —entre 6.71 y 7.46 millones de dólares—, y advirtió que los compromisos pendientes de cancelar en los próximos meses superarán también los 200 millones de lempiras.
El traslado de bienes pertenecientes a las instituciones cerradas se encuentra prácticamente completado, según el funcionario.
El nudo que queda
No todo avanza sin resistencia. Dentro del universo de exempleados involucrados en la liquidación, 158 personas no han firmado sus recibos de finiquito. La razón: han interpuesto demandas judiciales solicitando ser reintegradas a sus puestos de trabajo. Mientras esos expedientes permanezcan abiertos, el cierre laboral de algunas instituciones seguirá siendo técnicamente incompleto.
Núñez recomendó a quienes todavía no han aceptado sus prestaciones que valoren la posibilidad de recibir los montos que legalmente les corresponden. La comisión, dijo, ha procurado respetar los derechos y garantías de los trabajadores a lo largo de todo el proceso.
La existencia de esas demandas de reintegro introduce una variable judicial que podría mantener abiertos algunos expedientes aun después de que finalice la mayor parte del proceso administrativo.
Lo que significa
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Honduras no tiene un historial prolijo en el cierre ordenado de instituciones públicas. La burocracia estatal tiende a sobrevivirse a sí misma: las dependencias se fusionan, se renombran, se vacían de presupuesto pero raramente desaparecen del todo. Por eso la afirmación de Núñez —«por primera vez en la historia»— no es retórica menor.
Lo que está en juego es un principio elemental de gobierno limitado: el Estado debe poder cerrar lo que ya no sirve, pagar lo que debe y liberar los recursos que consumía. Que 148 millones de lempiras hayan llegado a manos de trabajadores reales, y que los bienes hayan sido transferidos en lugar de evaporarse en la trastienda administrativa, son señales de que el proceso tiene sustancia. El obstáculo de los 158 exempleados que prefieren litigar antes que cobrar revela, sin embargo, que el aparato estatal genera sus propios incentivos para perpetuarse: mientras haya una demanda de reintegro activa, hay una institución que, en algún sentido, todavía existe. El desenlace de esos expedientes dirá si Honduras logró, de verdad, cerrar algo por primera vez.
