La escena lo dice todo. Una familia deja su casa en La Ceiba con lo que puede cargar, sin decirle a nadie la razón. No hubo pelea, no hubo desastre natural. Hubo una amenaza. Y la amenaza venía de quienes controlan la calle.
Eso es lo que Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), lleva meses intentando hacer visible: el desplazamiento forzado interno en Honduras no es un fenómeno marginal, sino una consecuencia directa y sistemática del control territorial que ejercen maras, pandillas, bandas criminales y grupos vinculados al narcotráfico.
«La violencia que genera el control del territorio causado por grupos criminales como maras y pandillas, bandas criminales y los grupos del narcotráfico que usan ese territorio, matan, violan, hacen trata de personas para poder desarrollar y generar el miedo y las amenazas en la comunidad», declaró Ayestas.
El mecanismo es preciso y brutal. Las estructuras criminales identifican un territorio, lo ocupan y luego presionan a quienes viven en él. En algunos casos, según la directora del OV-UNAH, las familias reciben exigencias para entregar sus casas y tierras. En otros, la amenaza apunta directamente a los hijos: incorporación forzada a las filas del crimen. Cuando la presión se extiende a varios integrantes del núcleo familiar, la decisión de huir se vuelve inevitable.
La violencia sexual aparece también como uno de los factores que empujan a las familias a abandonar sus comunidades, según Ayestas.
El silencio que distorsiona los datos
El principal obstáculo para dimensionar el problema es que las víctimas no hablan. Las familias que se marchan raramente informan que su salida está ligada a amenazas o violencia, ya sea por temor a represalias o por desconfianza hacia las autoridades. «Se requiere mucha confianza y que establezcan esa denuncia», señaló Ayestas.
Ese silencio tiene consecuencias concretas: sin denuncias, no hay estadísticas; sin estadísticas, no hay políticas públicas calibradas a la realidad. El desplazamiento queda subregistrado y, por tanto, desatendido.
El patrón de movimiento suele comenzar dentro del país. Las familias se trasladan de un municipio a otro buscando distancia respecto de la zona amenazada. Pero cuando la inseguridad persiste o las amenazas alcanzan a otros miembros del grupo familiar, el siguiente paso es cruzar la frontera.
Los departamentos con mayores niveles de afectación identificados por el OV-UNAH son Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Cortés, Francisco Morazán y Valle. Dentro de Atlántida, La Ceiba figura como una de las zonas particularmente afectadas.
Ayestas reconoció que Honduras ha avanzado en marcos legales de protección para víctimas de desplazamiento forzado, pero consideró necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de atención. Las familias desplazadas no solo pierden su seguridad física: pierden viviendas, tierras, fuentes de ingreso y redes comunitarias. Al llegar a otro lugar, deben reconstruir sus vidas desde condiciones de alta vulnerabilidad económica y social.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que una familia de Colón perdió su tierra sin que ninguna institución lo registrara. El desplazamiento forzado interno en Honduras no es solo una tragedia humanitaria: es el síntoma más elocuente del fracaso del Estado en garantizar el orden y la propiedad privada en su propio territorio.
Mientras el aparato estatal no logre disputarle a las organizaciones criminales el control efectivo de esos departamentos, ningún marco legal será suficiente. La propiedad —la casa, la milpa, el negocio familiar— seguirá siendo confiscada no por decreto sino por el miedo. Y el contribuyente hondureño seguirá financiando instituciones que no pueden protegerlo donde más lo necesita: en su propia comunidad.
