El Ministerio de Ambiente mantendrá como hoja de ruta el Plan de Manejo de Hipopótamos y le sumará tres nuevas líneas de acción para acelerar su aplicación en las zonas donde está presente la especie. La decisión fue anunciada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, después de una reunión con autoridades ambientales, alcaldías, gobernaciones, organismos de gestión del riesgo, científicos y Fuerzas Militares.
Las medidas nuevas apuntan a tres frentes: movilizar recursos y capacidades, ampliar la participación de entidades nacionales y territoriales, y mejorar el reporte y seguimiento de los animales. El Ministerio dijo que buscará apoyo del sector privado y de otros actores que puedan aportar financiación, conocimiento y capacidades técnicas y operativas para desarrollar las acciones contempladas en el plan.
También identificará nuevas instituciones que, de acuerdo con sus competencias, puedan intervenir en la atención de los riesgos asociados a los hipopótamos y ejecutar acciones directamente en los territorios. Además, pondrá a disposición de comunidades y autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con estos animales.
Según el Ministerio, esa información permitirá conocer mejor la presencia y movilidad de los hipopótamos y mejorar la toma de decisiones sobre las medidas de manejo. En la práctica, el Gobierno no anunció un plan distinto, sino un refuerzo del existente.
Ese punto importa. Tras su llegada al ministerio, Arjona había dicho que no continuaría con el plan de eutanasia de hipopótamos planteado por la administración anterior. Sin embargo, en la nueva reunión decidió reforzar e implementar acciones para acelerar la ejecución del plan, que contempla la translocación, la esterilización quirúrgica y el confinamiento y, como último recurso, la eutanasia.
La discusión de fondo no es solo técnica. También es fiscal. Uno de los interrogantes sobre la implementación del plan es el dinero anunciado por el Gobierno anterior. De acuerdo con información conocida por EL COLOMBIANO, los $7.200 millones prometidos para ejecutar acciones frente a los hipopótamos no llegaron a Cornare, una de las entidades encargadas de desarrollar el plan y la corporación autónoma con mayor conocimiento de esta especie en Colombia.
Los recursos estaban previstos a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Días pasados, EL COLOMBIANO asistió a un evento sobre el fenómeno de El Niño realizado en Rionegro, Antioquia, en el que participó Arjona. Allí anunció que realizarán una auditoría al fondo, luego de que el Ministerio encontrara presuntas irregularidades en su funcionamiento.
La falta de esos recursos había sido señalada previamente por autoridades ambientales como una de las dificultades para avanzar con las medidas de control de la especie. Esa carencia explica buena parte de la lentitud institucional: sin financiación, la burocracia no ejecuta, y el problema crece.
La reunión del Ministerio se produjo después de nuevos episodios que han puesto sobre la mesa los riesgos asociados a la expansión de los hipopótamos. En el río Nare, un video difundido recientemente mostró cómo una embarcación intentó esquivar a uno de estos animales y terminó pasando por encima de él. El hecho ocurrió en una zona utilizada por comunidades y por estudiantes que se desplazan por el río.
Precisamente, una tutela presentada por la situación de los hipopótamos en el Nare llevó a un juez a ordenar a Corantioquia realizar una valoración técnica del llamado «Grupo Nare» y determinar la medida de manejo que resulte necesaria, eficaz, viable y proporcional. También ordenó instalar señalización preventiva y un sistema local de alerta temprana.
La escena lo dice todo. El caso ya no se limita al crecimiento de la población de hipopótamos: involucra la seguridad de las comunidades, la protección de las fuentes de agua y los impactos sobre la biodiversidad. Cuando una especie invasora obliga a desplegar recursos públicos, coordinación interinstitucional y medidas de emergencia, el costo institucional deja de ser abstracto.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Ministerio no cerró el expediente ni sustituyó el plan; optó por mantenerlo y tratar de hacerlo funcionar con más actores, más seguimiento y más financiación. El desenlace todavía dependerá de si la promesa de coordinación supera la inercia estatal y si los recursos aparecen donde antes no llegaron.
Desde la perspectiva de la casa, el caso deja una lección incómoda: los problemas de biodiversidad también son problemas de capacidad del Estado. Cuando el aparato público promete, pero no desembolsa; cuando anuncia, pero no ejecuta, el peso termina recayendo sobre comunidades, autoridades locales y contribuyentes. Ahí está el verdadero costo de la demora.
Por eso, más allá del lenguaje administrativo, la pregunta central sigue intacta: si el Gobierno quiere controlar la expansión de los hipopótamos, deberá demostrar que puede traducir anuncios en acción efectiva, sin seguir transfiriendo la carga al territorio y a las instituciones que ya operan con recursos limitados.
