El martes, en las instalaciones del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) de Guatemala, el diputado José Chic entró a una sesión en curso, se sentó en la mesa y exigió información sobre el manejo de fondos públicos. La escena lo dice todo sobre el pulso que se vive hoy entre el Congreso y el organismo que administra el dinero del deporte guatemalteco: de un lado, un legislador que dice fiscalizar; del otro, una entidad que dice haber sido allanada.
El Conader, a través de su directora ejecutiva, Mónica Violeta Morataya Aroche, presentó una denuncia penal contra Chic y contra los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores, los tres del partido VOS, por abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, hurto de uso y difamación. Morataya Aroche sostuvo que «en ningún momento hubo actos de discriminación, golpes, ataques ni intentos de causar daño» y que a Chic solo se le pidió orden y que se retirara. A título personal, la funcionaria añadió una denuncia adicional por violencia psicológica contra el legislador.
El organismo también atribuyó el episodio a una «tergiversación de información» impulsada por VOS con fines políticos y electorales, y pidió a las autoridades vigilar la conducta de funcionarios que, según su versión, buscan perjudicar al Sistema Nacional de Cultura Física. Del lado del Conader, lo ocurrido fue una irrupción ilegal en una sesión; del lado de los diputados, un acto de control sobre recursos que pertenecen a los contribuyentes.
El trasfondo del choque es presupuestario. Según expuso Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso, personal administrativo del Conader le indicó que de los 42,8 millones de quetzales asignados al organismo solo se habían ejecutado 16,1 millones. Esa brecha es la que el diputado dice haber ido a verificar el martes, y la que el Conader describe como una exigencia de información inmediata sin respetar los plazos legales.
En una conferencia de prensa frente al Palacio Nacional de la Cultura, Chic entregó una carta abierta al presidente Bernardo Arévalo preguntando si la política de su gobierno será «la persecución, la criminalización y la denuncia» contra quienes ejercen tareas de control. Ahí detalló los números que sostienen su reclamo: 934.000 quetzales pagados en dietas en lo que va del año, con montos de hasta 30.000 quetzales mensuales para algunos integrantes del consejo, un viaje a Serbia del director de la Dirección General de Educación Física y 25.000 quetzales en gastos de representación para el delegado presidencial ante el consejo.
Chic fue más allá y afirmó que el Conader se convirtió en «una agencia de empleos para amigos de varios funcionarios», señalando que el exviceministro de Deportes identificado como Chan ahora trabaja en el organismo, mientras que Alarcón, antes asesor de la entidad, pasó a ocupar el cargo de viceministro. Orlando Blanco calificó esa rotación como un posible caso de nepotismo y anunció que citará a funcionarios desde la Comisión de Deportes la próxima semana. Los detalles cuentan la historia de un aparato estatal que, según los diputados, mueve personal y presupuesto sin la transparencia que exige el manejo de dinero público.
Jairo Flores, el tercer legislador denunciado, sostuvo que el incidente del martes constituyó una violación a la Carta Olímpica y al Código de Ética del Comité Olímpico Internacional, y anunció que la bancada VOS llevará el caso ante Ordeca, Panam Sports y el propio Comité Olímpico Internacional. Flores también aseguró, según le informaron autoridades del Ministerio de Educación, que el director de la Dirección General de Educación Física no participó en la elaboración del comunicado del Conader ni fue consultado sobre las denuncias contra los diputados.
El origen de la disputa se remonta a agosto, cuando la Comisión de Deportes detectó operaciones por 20,4 millones de quetzales relacionadas con hospedaje y alimentación de los Juegos Centroamericanos 2025 que, según Chic, no aparecían registradas en Guatecompras de la forma esperada. El diputado también puso bajo revisión una ampliación presupuestaria de 13,97 millones de quetzales y sostuvo que parte de los recursos trasladados a comités olímpicos de otros países habría sido enviada a seis cuentas bancarias en el extranjero.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: un legislador que exige explicaciones sobre cómo se gastan casi 43 millones de quetzales del erario y un organismo que responde con una querella penal en lugar de con los libros abiertos. Es difícil no advertir en esa secuencia una lógica perversa: mientras más incómoda es la pregunta sobre el destino de los fondos públicos, más rápido aparece la acusación contra quien pregunta.
El desenlace de este pulso —si prevalece la fiscalización legislativa o la denuncia penal como forma de blindaje institucional— dirá mucho sobre el verdadero estado del control del gasto público en Guatemala. Los contribuyentes que financian dietas, viajes y ampliaciones presupuestarias en el deporte nacional merecen saber, sin necesidad de un allanamiento ni de una querella, en qué se gasta cada quetzal.
