La escena lo dice todo. Ante las cámaras de Guatemala TV, la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, desplegó un balance que mezcla logros y herencias incómodas: 143 proyectos viales, 2.761,764 kilómetros en cartera y una lista de contratos recibidos con deficiencias que, según su propio diagnóstico, impedían ejecutarlos en las condiciones originales.
Los números del CIV se distribuyen así: 64 proyectos en ejecución sobre 1.308,664 kilómetros; 49 reactivados con 932,810 kilómetros; 19 en estudios por 362,700 kilómetros; y 11 ya finalizados y en servicio con 157,590 kilómetros. La ministra presentó esa arquitectura como una estrategia deliberada: obras activas, un bloque de proyectos reactivados y una reserva en preparación para sostener la inversión pública sin interrupciones.
El problema heredado
Zea fue directa sobre la situación que encontró. El ministerio recibió entre 90 y 92 proyectos, y la revisión técnica reveló adjudicaciones realizadas en 2023 «sin lógica técnica», conflictos de derecho de vía, falta de estudios, ausencia de renglones de trabajo indispensables y proyectos de puentes que no contemplaban sus accesos o aproximaciones. Según lo expuesto en La Ronda, esa situación obligó al CIV a realizar ajustes permitidos por la ley para volver viables las obras.
«Estamos recuperando proyectos que no podían avanzar en las condiciones en que fueron recibidos», afirmó la funcionaria. «Nuestro compromiso es ejecutar infraestructura con calidad, bajo criterios técnicos y legales, pensando en el desarrollo de las comunidades y en la seguridad vial».
Como ejemplo concreto citó el paso elevado de la Roosevelt, una obra que requirió incorporar trabajos no previstos originalmente. Zea rechazó que eso implicara sobrevaloración y sostuvo que los cambios se realizaron dentro de lo permitido por la ley mediante órdenes de cambio. Durante el fin de semana previo a la conferencia, agregó, se llevaron a cabo pruebas de iluminación en esa obra y el ministerio avanzaba en la señalización nocturna.
El Puente Belice dos, con fecha
El proyecto más observado del programa vial tiene ahora un cronograma. El CIV fijó el 17 de agosto como fecha de inicio de la fase de ejecución, con el arranque formal de los trabajos entre el 24 y el 28 de ese mes. La ministra también indicó que el tramo central del Puente Belice dos quedará concluido durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
En cuanto a las rutas centroamericanas, 14 proyectos en ejecución están programados para concluir en los últimos dos meses de este año, aunque Zea precisó que 10 responden a ese calendario y cuatro pasarán al año siguiente porque corresponden a puentes en diseño y construcción.
Sobre la lógica de los proyectos en estudio, la ministra fue explícita: «Cuando hablamos de proyectos en estudio significa que vienen más proyectos tangibles en las carreteras. Uno de los propósitos de esta gestión es estructurar una cartera de proyectos listos para su ejecución». La priorización, explicó, se definió según la conectividad entre poblaciones, la integración del interior con los corredores principales, la atención de rutas centroamericanas y el grado de avance de obras ya contratadas.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La presentación de Zea no es solo un recuento de kilómetros: es también una declaración política sobre la gestión anterior. Atribuir a contratos mal diseñados la necesidad de reactivar y ajustar obras tiene un doble filo: legitima los cambios actuales, pero también expone cuánto dinero público quedó comprometido en adjudicaciones que, según la propia ministra, carecían de lógica técnica.
El aparato estatal guatemalteco enfrenta aquí un desafío clásico: la infraestructura pública es cara de construir, más cara aún de corregir y casi imposible de devolver una vez mal ejecutada. Que el CIV haya optado por revisar y reactivar antes que cancelar puede ser pragmatismo o puede ser la única salida legal disponible. Lo que los contribuyentes guatemaltecos tienen derecho a exigir es transparencia sobre el costo real de esas correcciones y sobre quién responde por los contratos que llegaron, en palabras de la ministra, sin condiciones para avanzar.
