Los Guardianes del río Atrato fueron galardonados este miércoles con el Premio Rafto 2026 de derechos humanos por su lucha contra la minería ilegal y la destrucción del medio ambiente en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia.
El reconocimiento fue anunciado por la Fundación Rafto, con sede en Bergen, Noruega, que distinguió al Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato por su «valiente lucha contra la destrucción del medio ambiente en Colombia».
La cuenca del Atrato, en el noroeste del país, enfrenta altos niveles de violencia por la presencia de grupos armados y redes de delincuencia organizada implicados en actividades generalizadas de minería ilegal, según la organización. En ese entorno, los Guardianes monitorean y documentan zonas afectadas, sensibilizan a las comunidades sobre los riesgos de la contaminación y presionan a las autoridades para que cumplan las decisiones judiciales destinadas a proteger el río.
El colectivo surgió después de que la Corte Constitucional de Colombia reconociera en 2016 al río Atrato como sujeto de derechos, en una decisión considerada pionera a nivel mundial en materia de protección de la naturaleza. Desde hace una década, los Guardianes siguen de cerca la degradación ambiental y los impactos de la minería aurífera ilegal, que ha generado una grave contaminación por mercurio, con efectos sobre los suelos, el agua y la fauna acuática, además de representar una amenaza para la salud de las comunidades ribereñas.
La Fundación Rafto destacó que este cuerpo «ha desarrollado un modelo único, impulsado desde las propias comunidades, para proteger el medioambiente y los derechos humanos, que ha servido de inspiración para iniciativas similares tanto en Colombia como en otros lugares del mundo».
Creada en 1986, la fundación y su premio, dotado de 20.000 dólares, llevan el nombre del historiador y militante de los derechos humanos noruego Thorolf Rafto, fallecido un año antes. Cuatro antiguos laureados, entre ellos Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-Jung y Shirin Ebadi, recibieron posteriormente el Premio Nobel de la Paz.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el Atrato nace en la cordillera de los Andes, desemboca en el mar Caribe y atraviesa una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, pero también una de las más afectadas por el conflicto armado colombiano. Ahí se concentra un problema que desborda la ecología y golpea la propiedad, el orden y la autoridad del Estado.
El giro de esta historia es incómodo para cualquier gobierno: cuando la violencia, la minería ilegal y la contaminación avanzan, el costo lo pagan las comunidades, no la burocracia. El premio pone sobre la mesa una verdad que no admite maquillaje: sin seguridad jurídica ni presencia efectiva de la autoridad, la protección del territorio termina descansando en ciudadanos que ya han asumido demasiado.
