La escena lo dice todo. Pasadas las diez de la noche del 29 de julio de 2026, un hombre llegó en motocicleta hasta la fachada de una casa en el sector La Floresta, sobre la variante de Pinar del Río, en Los Patios, Norte de Santander. Lanzó dos granadas hacia el patio trasero. Una detonó. La otra quedó sin activar y tuvo que ser desactivada por las autoridades. Minutos antes, los hijos del representante a la Cámara Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán jugaban en ese mismo patio.
El congresista no estaba en casa. Se encontraba en Bogotá, según confirmó su abogado Steven Pérez, tras su primera intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Su esposa e hijos resultaron ilesos.
El video del ataque circuló en redes sociales y mostró con precisión el momento en que el sujeto se acercó al exterior del inmueble y arrojó los artefactos. Las imágenes del interior de la vivienda, difundidas posteriormente, revelaron el nivel de destrucción causado por la detonación.
Nueve días en el cargo
Rodríguez asumió su curul el 20 de julio de 2026, apenas nueve días antes del ataque. Fue elegido con más de 53.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo con el aval del Partido Liberal Colombiano, para el periodo 2026-2030. Antes de llegar al Congreso se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental de Norte de Santander.
El atentado no llegó en el vacío. Llegó al final de una cadena de hechos violentos que rodea al nuevo congresista desde meses antes de su posesión.
Una cadena que viene de lejos
Para entender el presente hay que volver a esa semana de junio. El 6 de junio de 2026, el periodista Cristian Herrera, de 50 años, fue asesinado en Cúcuta. Herrera había publicado en sus redes sociales que investigaba al entonces diputado Rodríguez. Las autoridades identificaron a Jhon Sebastián Duque Andrade, alias Demonio, como el autor material de los disparos. Un segundo sospechoso, Jefferson Guillermo Andrade Beltrán, alias Cocoy, sigue prófugo y es señalado de haber intervenido en la planeación y en las labores de inteligencia previas al crimen.
Según la reconstrucción expuesta por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio el 1 de julio, Duque Andrade y Andrade Beltrán serían primos del representante a la Cámara. La madre de Rodríguez Beltrán, Marlene Beltrán Gamboa, sería hermana de María Georgina Beltrán Gamboa, abuela de los dos sospechosos. Diez días después del asesinato del periodista, el 16 de junio, fue asesinado Edmundo Andrade Yáñez, abuelo de esos mismos sospechosos, en el barrio Carora de Cúcuta.
Los detalles cuentan la historia. Según información revelada por Coronell, el hilo comienza con el homicidio del empresario minero César Ramón Flórez Anaya, asesinado en una cafetería del barrio Caobos de Cúcuta. Tres días después de su sepelio, su compañera sentimental habría recibido una llamada desde un número telefónico que, según la denuncia, correspondía al entonces diputado Ariel Rodríguez, invitándola a una reunión en un conjunto cerrado de Los Patios. Allí le habrían exigido entregar sus propiedades para saldar una supuesta deuda de más de 3.000 millones de pesos, sin documento alguno que la probara.
El abogado de la mujer, Fabio Álex Ortega, radicó una carta ante la Fiscalía el 18 de noviembre de 2024. Un mes después, el 19 de diciembre, Ortega fue asesinado a tiros en el barrio Cúcuta 75. La Fiscalía imputó cargos a tres presuntos miembros de la banda criminal «Los Jota» como supuestos ejecutores materiales de ese crimen, pero no ha avanzado en la identificación de los determinadores.
Cuando le preguntaron a Rodríguez por la investigación y el asesinato de Herrera, el congresista guardó silencio.
Las versiones
El abogado Pérez atribuyó el atentado a «una persecución política y personal sistemática de una estructura del Norte de Santander desesperada por destruir nuestro movimiento». La senadora liberal Yirley Vargas envió un mensaje de solidaridad y reclamó «un Estado firme, capaz de cuidar y proteger a los ciudadanos». Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado capturas ni establecido una hipótesis oficial sobre los responsables.
Lo que está en juego
Norte de Santander no es una anomalía: es el síntoma más visible de un Estado que ha cedido territorio, justicia e instituciones a estructuras criminales durante años. Un congresista recién posesionado con su familia bajo fuego, un periodista asesinado por investigarlo, un abogado eliminado tras denunciar, un abuelo muerto en el mismo barrio donde crecieron los presuntos sicarios: cada eslabón de esta cadena señala la misma fractura.
El gobierno de Gustavo Petro ha hecho de la «paz total» su eje de seguridad. Los hechos en Cúcuta muestran el costo de esa apuesta para quienes viven en los territorios donde el Estado negocia con quienes disparan. La pregunta que nadie en Bogotá parece querer responder es cuántos periodistas, abogados y familiares más tendrán que caer antes de que el aparato estatal decida actuar con la firmeza que la situación exige.
