A Sandra Ortiz se le complica el panorama en el escándalo de la UNGRD. Una reconstrucción de la Fiscalía, divulgada por Semana, cruzó datos de GPS de las camionetas de su esquema de seguridad con información de telefonía celular y ubicó a los vehículos en los lugares y momentos en que, según la investigación, se habrían entregado $3.000 millones ligados al presunto soborno para Iván Name.
La escena lo dice todo. No se trata solo de una disputa de versiones, sino de una huella técnica que contradice la línea de defensa de la exconsejera para las Regiones del gobierno Petro. Ortiz había dicho públicamente que era falso que se hubiera trasladado dinero y había apoyado su negativa en que la Fiscalía revisó los registros del celular de Sneyder Pinilla y no encontró conexiones con las antenas de telefonía cercanas al apartamento de Name.
Pero la reconstrucción citada por Semana va por otro camino. Según ese informe, los vehículos del esquema de seguridad de Ortiz se desplazaron hasta el edificio Bassel I los días 12 y 13 de octubre de 2023, fechas en las que se habrían realizado dos entregas de $1.500 millones cada una.
El primer episodio, de acuerdo con la investigación, ocurrió el 12 de octubre. Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla llegaron a las Residencias Tequendama, donde vivía Ortiz. Allí permanecieron entre las 3:15 y las 3:46 de la tarde, periodo durante el cual, según la investigación, le habrían entregado a Ortiz los primeros $1.500 millones.
Después, la ruta de las camionetas de placas KGF 361 y OBG 165, pertenecientes al esquema de seguridad de Ortiz, conduce al edificio Bassel I. Los vehículos llegaron alrededor de las 4:12 de la tarde y permanecieron allí hasta las 4:35. Para la Fiscalía, ese traslado coincide con el momento en que se habría producido la primera entrega del dinero.
El segundo movimiento ocurrió el 13 de octubre. Sneyder Pinilla habría regresado a las Residencias Tequendama alrededor de las 8:00 de la noche. Media hora después, Ortiz habría salido de nuevo hacia el edificio Bassel I, al que llegó cerca de las 9:00 de la noche. Según la reconstrucción, en ese trayecto se habría producido la entrega de los otros $1.500 millones.
A eso se suma el testimonio de una mujer que hacía parte del esquema de seguridad de la entonces consejera para las Regiones. Según relató a Semana, el 12 de octubre «cruzamos y bajamos por la calle 26, tomamos la carrera 30 al norte; lo que recuerdo es que llegamos al edificio Bassel I. Recuerdo que, durante el desplazamiento, mencionaron que íbamos a donde el doctor Name».
La misma testigo señaló que en el segundo traslado también estuvo presente en el edificio Bassel I Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, quien actualmente se encuentra asilado en Nicaragua y tiene una orden de captura vigente en su contra.
En este punto, el caso deja de ser una simple pelea de declaraciones y entra en el terreno de los rastros verificables. Si la Fiscalía logra sostener esta secuencia, el costo político e institucional no recae solo sobre Ortiz: golpea otra vez la credibilidad de una red de poder estatal que habría movido dinero en efectivo, vehículos oficiales y favores políticos en la trastienda del Gobierno.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad individual de una exfuncionaria, sino el uso del aparato estatal como vehículo de intermediación política. Cuando el dinero público termina asociado a presuntos sobornos y a rutas confirmadas por GPS, el problema ya no es de relato: es de control, de legalidad y de confianza en las instituciones.
Y ahí está el desenlace que importa. Si los registros técnicos y los testimonios avanzan como pieza central del expediente, el caso deja cada vez menos espacio para la versión cómoda y más para una pregunta de fondo: quién respondió por el dinero y quién autorizó, toleró o ejecutó su circulación dentro de la maquinaria estatal.
