La escena lo dice todo.
Era la mañana de un viernes en Tecomán, Colima, cuando Pablo Ávila Martínez salía de su casa con su familia. Varios sujetos lo esperaban. Lo golpearon. Antes de irse, le aclararon el mensaje: era por lo que estaba publicando.
Ávila lo narró él mismo en sus redes sociales, sin rodeos. Dijo que tuvo que recibir atención médica, que las lesiones son «un poco fuertes», pero que tanto él como su familia se encuentran bien. «Afortunadamente y gracias a Dios estoy bien y mi familia también; las lesiones son un poco fuertes, pero mi vida sigue de pie», escribió.
El periodista señaló que desconoce quién lo agredió y que, según sus propias palabras, no le interesa saber quién ordenó el ataque. Lo que sí dejó en claro es el alcance del daño: no solo físico, sino emocional y psicológico para su familia, que presenció la golpiza.
Ávila describió su trabajo como el de informar a la población sobre asuntos de interés público, «coadyuvar con la sociedad», en sus términos. Lamentó que la inseguridad y la violencia alcancen a quienes ejercen el periodismo. Como consecuencia directa del ataque, anunció que pondrá pausa a su labor informativa mientras se recupera.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad —ni municipal, ni estatal, ni federal— se había pronunciado sobre el hecho.
El caso de Tecomán no ocurre en el vacío. Días antes, la Fiscalía de Oaxaca difundía el retrato hablado de un autor material en el asesinato del periodista Alejandro Leyva, otro expediente abierto en el largo catálogo de violencia contra la prensa en México.
Los detalles cuentan la historia.
Un comunicador atacado frente a su familia, con un mensaje explícito sobre sus publicaciones, en una ciudad de Colima —estado que figura entre los más violentos del país— y con un silencio institucional que, a estas alturas, ya no sorprende a nadie pero sigue siendo inaceptable. Esa combinación es la fotografía exacta del estado en que se ejerce el periodismo en amplias zonas de México.
Para Hemisferio, el asunto no es solo de libertad de prensa en abstracto: es de Estado de derecho concreto. Cuando los agresores pueden golpear a un periodista en la puerta de su casa, decirle sin ambages por qué lo hacen, y marcharse con la certeza de que ninguna autoridad saldrá a dar la cara, el monopolio legítimo de la fuerza —fundamento mínimo de cualquier orden republicano— ha dejado de funcionar en ese territorio. El aparato estatal, que debería proteger a los ciudadanos que informan a la sociedad, brilla por su ausencia. Y esa ausencia tiene un costo que no pagan los funcionarios: lo pagan los periodistas, sus familias y, en última instancia, los lectores que se quedan sin información.
