A las 4 de la madrugada, cuatro delincuentes entraron a una casa de Paso al 1000, en Martínez, mientras sus ocupantes dormían. La escena lo dice todo. En minutos, el robo se volvió paliza, despojo y huida.
La víctima de los golpes fue Guillermo Cabanellas, un abogado sanisidrense de 76 años. Según pudo saber LA NACION, además es abogado, economista, profesor, investigador argentino y autor de más de 40 libros y 100 artículos publicados en la Argentina, Estados Unidos y diversos países europeos. También integra el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la UBA y da clases en las universidades de San Andrés, Austral y Ucema.
De acuerdo con su carta de presentación en una de esas facultades, tiene experiencia en asesoramiento empresarial en derecho societario, tributación de empresas, comercio internacional, defensa de la competencia, mercados de capitales y propiedad intelectual, entre otros temas. Esa trayectoria quedó, por unas horas, eclipsada por la violencia de un asalto doméstico que terminó con golpes, robos y una transferencia bancaria forzada.
Según explicaron fuentes de la investigación, los delincuentes habrían saltado el muro del fondo para ingresar a la vivienda. Actuaron con guantes y los rostros cubiertos. Una vez adentro, redujeron a los propietarios. La mujer fue atada. Cabanellas fue inmovilizado y sometido a una paliza durante el asalto.
Los ladrones recorrieron la casa y se llevaron teléfonos celulares, computadoras, 4800 dólares, alhajas, ropa y carteras de mujer. Antes de escapar, obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria. También se llevaron el automóvil de la mujer de Cabanellas.
Poco antes de las 6, el Centro de Operaciones Municipal de San Isidro recibió el llamado de una vecina y una patrulla comunal se acercó al lugar. Tras la huida, el letrado fue asistido preventivamente por personal médico debido a los golpes sufridos. No fue necesario trasladarlo a un hospital, se explicó.
La investigación quedó primero a cargo de la Comisaría 4ª de San Isidro y luego de la fiscal Cecilia Chaieb, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de ese departamento judicial. Ahora deberán establecer cómo llegaron los delincuentes hasta la propiedad, hacia dónde continuaron con el vehículo y si existen registros de cámaras que permitan identificarlos.
Los detectives también relevan las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Según explicaron calificadas fuentes del caso, los asaltantes tomaron la calle Paraná con dirección a la autopista Panamericana después del golpe.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Un robo de madrugada, en una zona residencial, no es solo un episodio policial. Es una señal de costo privado y de desorden público. Cuando la delincuencia puede entrar, golpear, vaciar una casa y escapar con el auto de la familia, el contribuyente no recibe seguridad a cambio de sus impuestos: recibe incertidumbre.
El desenlace vuelve a poner en primer plano una pregunta básica. Quién protege la propiedad privada cuando la violencia entra por el fondo de una vivienda y se lleva dinero, bienes y tranquilidad. Los vecinos miran las cámaras. La justicia busca el recorrido. Y el orden, otra vez, corre detrás de los hechos.
