Dieciocho procedimientos en Jujuy terminaron con 23 personas demoradas y más de mil dosis de estupefacientes secuestradas, en una jornada que combinó allanamientos, operativos de saturación en la vía pública y procedimientos dentro del Servicio Penitenciario.
La Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos ejecutaron los controles contra la venta al menudeo en San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Perico, San Pedro, Monterrico y Libertador General San Martín. La coordinación incluyó al Ministerio Público de la Acusación y el apoyo de grupos especiales de la Policía de Jujuy.
Según lo informado por el portal Jujuy al Momento, las actuaciones se desarrollaron de manera simultánea en las seis localidades jujeñas. El operativo combinó inteligencia previa con controles preventivos en la vía pública, lo que permitió identificar bocas de expendio fijas y puntos de comercialización ocasional.
Entre lo secuestrado figuran 354 dosis de cocaína y pasta base, 692 dosis de marihuana, además de plantines de cannabis sativa. También fueron incautados siete teléfonos celulares y una balanza de precisión utilizados para la comercialización.
Los teléfonos no son un detalle menor. En este tipo de causas pueden aportar datos sobre contactos, transacciones y la estructura de distribución de cada punto de venta. Los detalles cuentan la historia.
La misma publicación recuerda otro operativo de julio. Allí, una investigación de seis meses llevada a cabo por Gendarmería Nacional Argentina permitió desarticular un clan narco que operaba entre Jujuy y Salta. Ese caso terminó con siete detenidos, entre ellos un preso que coordinaba las maniobras desde una cárcel federal.
En ese procedimiento, realizado los días 18 y 19 de julio, también se incautaron más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos y dinero. Durante el control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas y permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos de un rodado.
A partir de ese hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, General Güemes y una cárcel federal. Allí incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy. El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier.
La escena lo dice todo. En una provincia donde la venta al menudeo aparece una y otra vez en operativos, el Estado responde con controles, allanamientos y detenciones. Es una señal de que la pelea no se libra solo en la calle, sino también en la logística, la comunicación y las cárceles.
Para el lector, el dato central es otro: la droga barata y fragmentada que circula en los barrios no cae del cielo. Requiere red, transporte, puntos de venta y una estructura que solo se sostiene mientras la organización logra moverse. Cuando el Estado corta esa cadena, aunque sea por un tramo, protege propiedad, orden y seguridad cotidiana. Lo demás es el desenlace de una disputa que no admite distracciones.
