La Fuerza Pública intervino un punto de extracción ilegal de oro en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí, en El Bagre, Antioquia, y dejó fuera de servicio una parte clave del andamiaje con el que operaba esa actividad. En la operación participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Armada, y el reporte fue divulgado este lunes 28 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella.
El balance oficial incluyó 3 dragones brasileños, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales inutilizados. La intervención hizo parte de la operación Aquiles, presentada por el Gobierno como un golpe directo a la minería ilegal en una zona donde la extracción de oro se realizaba de manera ilícita.
Las cifras que acompañaron el operativo ayudan a dimensionar el negocio. Según el Gobierno, en ese lugar se extraían aproximadamente 26,5 kilos de oro al mes, con un valor estimado de $11.130 millones en el mercado informal. No se trataba, por tanto, de una actividad artesanal ni marginal, sino de una operación capaz de mover sumas propias de una economía paralela montada sobre la clandestinidad.
El reporte oficial también ubicó esa actividad dentro de la estructura criminal del Clan del Golfo. De acuerdo con la información entregada, la subestructura Uldar Cardona Rueda cobraba una extorsión equivalente al 15 % de la producción, unos $1.669 millones mensuales. En paralelo, el Gobierno calculó en $6.264 millones la afectación a la cadena logística de esa estructura tras la inutilización de la maquinaria.
De la Espriella dijo que la intervención busca afectar las fuentes de financiación de los grupos armados y reducir el impacto de la explotación ilegal sobre el río Nechí. En su cuenta de X escribió: «Mi orden ha sido clara: combatir sin tregua la minería ilegal que depreda nuestros ecosistemas y alimenta el terrorismo!».
El Gobierno también vinculó la operación con el deterioro ambiental asociado a la minería ilegal. Sostuvo que la salida de estos equipos reduce la contaminación y el movimiento de sedimentos derivados de la extracción de oro. En otra frase difundida por el mandatario, el mensaje fue directo: «Cada máquina retirada de este río significa menos contaminación, menos sedimentos y menos daño a su cauce. Seguiremos golpeando las finanzas de los narcoterroristas y defendiendo el río Nechí».
La trastienda de este operativo deja una lección incómoda para cualquier discusión seria sobre orden público y propiedad. Mientras la burocracia suele hablar de gestión ambiental en abstracto, aquí el Estado actuó sobre una realidad concreta: maquinaria que destruía un río, alimentaba una renta ilegal y financiaba una estructura armada. La escena lo dice todo.
Para una visión de libre empresa y estado de derecho, el desenlace importa por una razón adicional: donde prospera la minería ilegal, no manda la inversión ni la legalidad, sino el cobro extorsivo y la fuerza. Cada dragón inutilizado, cada excavadora destruida y cada motor sacado de circulación representa menos capacidad de captura para los grupos armados y menos presión sobre un ecosistema que ya pagaba el costo de esa economía clandestina.
No es un debate teórico. Es dinero de los contribuyentes puesto a contener una actividad que opera por fuera de la ley y que, según el Gobierno, movía más de $11.000 millones al mes en ese punto del Bajo Cauca. Si el Estado logra sostener ese tipo de golpes, el mensaje para la ilegalidad es claro: la renta fácil no es intocable. Y para la economía formal, también: sin orden no hay mercado que resista.
