Los operativos se movieron en cinco regiones y dejaron capturas, incautaciones y medidas de control en el norte y el centro del país. La escena lo dice todo: el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiso mostrar resultados en seguridad con una cadena de golpes simultáneos contra estructuras criminales.
En Ibagué, Tolima, la Policía Nacional capturó por orden judicial a alias «Camilo», señalado como explosivista y sicario del frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño. Según la información divulgada por el presidente De la Espriella, el capturado era requerido por los delitos de homicidio y porte de armas e investigado por su participación en el atentado del 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos.
El propio mandatario dijo que esta captura golpea a una estructura narcoterrorista que «aterroriza y extorsiona en Algeciras, Hobo y Campoalegre». En esa zona, el mensaje oficial fue claro: la prioridad es presentar la acción policial como un cierre de espacio a quienes atacan a la Fuerza Pública.
El segundo operativo se registró en Sardinata, Norte de Santander. Allí, el Ejército Nacional, con apoyo de la Policía y la Fuerza Aérea, localizó un depósito ilegal del frente narcoterrorista Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las autoridades hallaron aproximadamente una tonelada de explosivos y 100 granadas hechizas acondicionadas para ataques con drones, además de plataformas de lanzamiento. De acuerdo con el jefe de Estado, el arsenal pertenecía a la comisión de alias «Iván», tercer cabecilla de esa estructura, y abastecía acciones criminales contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura del Estado.
En el tercer procedimiento, en Barranquilla y Puerto Colombia, la Policía, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló la Operación Cazador y capturó a Brayan Daniel Carrillo Miele, alias «Salchichón», cabecilla principal de «Los Porteños», y al segundo cabecilla de esa organización.
Alias «Salchichón», antiguo cabecilla de zona del Clan del Golfo, es requerido por homicidio, porte de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. También es investigado, al parecer, por ordenar homicidios selectivos y coordinar el tráfico de drogas y las extorsiones a comerciantes.
Durante esa operación, las autoridades incautaron una pistola Glock de 9 mm, 43 cartuchos, un proveedor de AK-47, un kit de conversión de pistola, ocho celulares, dinero en efectivo, cinco prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, estupefacientes y un motor fuera de borda.
El cuarto operativo se llevó a cabo en Riohacha y Maicao, con acciones coordinadas por la Policía, el Ejército y Migración Colombia. El resultado fue la expulsión de 23 extranjeros, el traslado de 260 personas para procedimientos de verificación y la imposición de 26 medidas correctivas y comparendos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el Gobierno convirtió la seguridad en un tablero de resultados visibles, con capturas, armas y operativos de control. No es un detalle menor que la comunicación oficial insista en el golpe a «narcoterroristas» y en la defensa de la infraestructura del Estado. Ahí está el punto de fondo: cuando el aparato estatal funciona y actúa coordinado, la ley gana terreno frente a quienes viven de la violencia, la extorsión y el miedo.
También hay una lectura política inevitable. El Ejecutivo quiso mostrar que el orden no es una abstracción, sino una condición mínima para la vida económica y social. Cada decomiso de explosivos, cada captura y cada incautación reduce el margen de maniobra de redes que afectan a ciudadanos, comerciantes y a la Fuerza Pública. En un país asediado por estructuras criminales, la pregunta central no es si sobran anuncios, sino si el Estado puede sostener estos golpes y convertirlos en control real del territorio.
