El Ministerio de Agricultura y Fedegán quedaron enfrentados por las cifras sobre el impacto de El Niño en la ganadería colombiana. La tensión no es menor: de un lado, el Gobierno cuestiona los números divulgados por el gremio; del otro, la Federación Colombiana de Ganaderos sostiene que el golpe económico ya suma decenas de miles de millones de pesos.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, llamó a los gremios agropecuarios y a los ganaderos de la región Caribe a manejar con rigor las cifras relacionadas con el fenómeno. Según dijo, tras una revisión técnica realizada junto con el ICA, la UPRA y el Ideam, el Gobierno no encontró sustento técnico ni estadístico para algunas de las cifras sobre mortalidad de bovinos y pérdidas económicas divulgadas públicamente.
Dangond afirmó que, a partir del análisis del comportamiento de las lluvias y las temperaturas frente al año anterior, no estaría respaldada la afirmación de que se han presentado más de 4.000 muertes de bovinos ni pérdidas superiores a $47.000 millones, reportadas por Fedegán el 21 de agosto. El Ministerio calificó esas afirmaciones como parte de una campaña de desinformación sobre un fenómeno climático que, según la cartera, apenas está comenzando a generar sus principales efectos.
Fedegán, sin embargo, presentó un panorama muy distinto. En un documento de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, con información acumulada entre el 1 de junio y el 21 de septiembre, el gremio reportó 19.030 animales muertos y pérdidas estimadas en $52.238 millones.
El informe suma además 511.604 animales desplazados por las condiciones climáticas y 3.424.829 hectáreas afectadas por el verano. A eso se agregan 736.457 hectáreas que, de acuerdo con el mismo documento, han presentado algún tipo de inundación.
En términos económicos, Fedegán calcula $27.479 millones en pérdidas asociadas a lo que se ha dejado de producir y $15.348 millones correspondientes a los costos de desplazamiento de los animales. La suma de esos tres componentes —mortalidad, menor producción y desplazamiento— alcanza aproximadamente $95.065 millones.
Esa fue la base del reporte que el gremio divulgó en medio del debate sobre el impacto de las altas temperaturas y la disponibilidad de agua en la actividad ganadera. Un informe publicado ayer, 23 de septiembre, señaló que las pérdidas acumuladas del sector rondaban los $95.000 millones.
El documento de Fedegán contempla información de 22 departamentos, entre ellos Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y La Guajira, en la región Caribe. También incluye a Tolima, Huila, Meta, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Casanare, Putumayo, Nariño, Cauca, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.
El alcance geográfico del reporte muestra que las afectaciones señaladas por el gremio no se limitan exclusivamente al Caribe, aunque esa región concentra una parte importante de la preocupación por la temporada seca. En el Cesar, por ejemplo, la Gobernación informó, con base en un balance anterior de Fedegán con corte al 1 de agosto, que se habían contabilizado 2.376 bovinos muertos asociados al fenómeno de El Niño.
Frente a ese escenario, Dangond aseguró que el Gobierno Nacional se ha anticipado con medidas de mitigación, articuladas entre los ministerios de Agricultura, Ambiente, Minas y Energía y Vivienda. Una de las principales estrategias es Forrajes Milagro, un programa puesto en marcha para atender a pequeños ganaderos afectados por la sequía.
El Ministerio informó que la iniciativa busca producir y distribuir heno, ensilaje, henolaje y otros tipos de forraje para garantizar la alimentación del ganado durante el periodo de menores lluvias. La estrategia está dirigida principalmente a productores con hatos de menos de 50 animales. En la región Caribe se estima que existen alrededor de 71.000 pequeños ganaderos bajo ese criterio; en el Cesar, el programa contempla beneficiar a unos 9.100 productores.
El Gobierno también impulsa incentivos para la construcción de pozos profundos, la instalación de paneles solares y sistemas de riego focalizado en las fincas, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de agua y garantizar la producción de alimento para los animales. Según el Ministerio, Forrajes Milagro comenzó a implementarse en septiembre en instalaciones de Agrosavia.
La escena lo dice todo: mientras el Estado discute la validez de unas cifras, el campo sigue midiendo el impacto en animales muertos, hectáreas afectadas y costos de desplazamiento. Para el productor, el problema no es semántico ni estadístico; es de supervivencia económica.
Y para el contribuyente también hay una lección. Cuando el aparato estatal y un gremio chocan por la magnitud del daño, lo mínimo indispensable es rigor. Sin datos confiables, las ayudas públicas corren el riesgo de llegar tarde, mal focalizadas o sobre bases débiles. En un país que paga caro la improvisación, la precisión no es un lujo: es una obligación.
