El Gobierno reversó el incremento de 46 pesos por galón en la gasolina motor corriente que estaba previsto para octubre, luego de una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, según informaron el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda.
La escena lo dice todo. El ajuste había sido tramado como una actualización de fórmula con efecto automático sobre el precio al público, pero el giro llegó después de que el mandatario citó a la ministra de Minas y Energía y ordenó que el aumento no fuera trasladado a los consumidores.
De acuerdo con los ministerios, el incremento correspondía a una actualización del precio reconocido a los productores de etanol. Con la reversión, ese reconocimiento económico se mantiene, pero el costo, calculado en $8.300 millones para octubre, será asumido por el Gobierno nacional mediante un subsidio a los usuarios.
El efecto práctico es claro: el precio de la gasolina corriente no subirá en octubre por esta vía, y el Ejecutivo absorberá el costo fiscal de la decisión. En paralelo, los ministerios señalaron que el precio del ACPM permanecerá sin cambios, en continuidad con la medida adoptada en septiembre frente a los efectos del terremoto.
También quedó abierta la búsqueda de una alternativa de carácter permanente frente al aumento del precio internacional del petróleo y su impacto sobre la gasolina. Bajo la instrucción presidencial, los ministerios dijeron que trabajarán en una solución articulada y permanente para evitar que los ajustes técnicos en la fórmula se traduzcan automáticamente en aumentos para los consumidores.
El Gobierno sostuvo además que, en adelante, las decisiones que afecten los precios deberán contar con una explicación previa. «En adelante, ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y pedagógica al país», indicó la cartera de Minas. Más tarde, las carteras agregaron que, cuando una medida difícil sea inevitable, «se dirá con tiempo, con cifras y en lenguaje llano».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El mensaje oficial no solo buscó contener el alza de octubre: también intentó fijar una nueva forma de tomar decisiones sobre combustibles, con más visibilidad pública sobre el costo y el efecto de cada ajuste.
En el frente inmediato, la medida compra alivio para los consumidores. En el frente fiscal, traslada el peso al Estado. Ese es el punto central: cuando el Gobierno decide que un aumento no llegue al surtidor, la cuenta no desaparece; cambia de bolsillo.
Y ahí está el desenlace político de la jornada. La administración apuesta por presentarse como protectora del consumidor frente a un ajuste que habría impactado el precio final. Pero el principio en juego sigue siendo el mismo: transparencia en las decisiones que tocan el bolsillo y responsabilidad sobre quién termina pagando la diferencia.
Para los usuarios, la noticia es que octubre arranca sin ese aumento. Para el aparato estatal, la decisión agrega un subsidio de $8.300 millones y deja al Gobierno con la tarea de resolver de forma permanente una fórmula que, hasta ahora, convertía un ajuste técnico en una presión directa sobre la gasolina.
