El gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que habían sido declaradas durante la administración de Gustavo Petro. Este lunes, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, derogó las resoluciones que cobijaban 15.839 hectáreas en cinco municipios de Cundinamarca.
La decisión fue anunciada desde la Gobernación de Cundinamarca y comprende áreas ubicadas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, todas pertenecientes a la provincia de Sabana Centro. La medida se conoció apenas tres días después de que el Ministerio de Agricultura anunciara otra derogatoria de APPA, esta vez en ocho municipios del sur de La Guajira.
Allí fueron levantadas las restricciones sobre cerca de 80.000 hectáreas que habían quedado cobijadas por esta figura desde 2024. El propio Ministerio había señalado, al anunciar la derogatoria en La Guajira, que quedaban pendientes decisiones sobre APPA en Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca.
Las APPA son un instrumento de ordenamiento territorial diseñado para proteger suelos rurales con capacidad para la producción de alimentos. Durante el gobierno Petro fueron incorporadas como determinantes de ordenamiento territorial de nivel superior, con el propósito de evitar que terrenos para la producción agropecuaria cambiaran de uso.
Ahora, la administración de De la Espriella invoca un criterio distinto. Dangond sostuvo que las decisiones sobre producción agropecuaria deben articularse con las autoridades locales y con los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. «No podemos permitir que desde Bogotá se les diga a los productores rurales qué cultivar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, porque para eso están los planes de ordenamiento territorial», dijo.
El acto formal de derogatoria en Cundinamarca fue presentado también como cumplimiento de una promesa de campaña. En el video difundido por la cartera, el Ministerio señaló que se trataba de liberar «los mejores suelos agropecuarios» y devolver a los entes territoriales la posibilidad de definir su uso en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. Dangond agregó que los productores del campo pueden «salir a producir libremente lo que necesitan sus municipios, Bogotá y Cundinamarca».
La escena no es menor. Detrás de la discusión técnica hay dos formas de entender quién debe decidir sobre la tierra: el gobierno central o los municipios. En Cundinamarca, el conflicto ya había aparecido antes. En octubre de 2025, el Ministerio de Agricultura declaró 14.879,52 hectáreas como APPA en Fredonia y Venecia, en el Suroeste antioqueño. Para entonces, Concordia también contaba con una declaratoria y avanzaban procesos en otros municipios de la subregión.
La planificación contemplaba avanzar en 23 municipios del Suroeste antioqueño. La medida generó un debate entre el Gobierno Nacional y autoridades locales, entre ellas el gobernador Andrés Julián Rendón, quien cuestionó que las APPA pudieran condicionar el uso del suelo y afectar la autonomía territorial.
Martha Carvajalino defendió la figura y explicó a EL COLOMBIANO que el objetivo era proteger los terrenos que garantizan el abastecimiento alimentario de las ciudades. En ese contexto sostuvo: «Para el caso de Antioquia, si no protegemos el suelo, Medellín va a tener una presión respecto al abastecimiento».
También había APPA en Tolima y Santander. De hecho, en diciembre de 2025, alrededor de 1.100 campesinos de ocho municipios del norte del Tolima interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Agricultura por esas zonas. Además, cuestionaron el proceso de delimitación y alegaron posibles vulneraciones a derechos como la participación ciudadana, el acceso a la información y el debido proceso.
Antes de asumir la Presidencia, De la Espriella había planteado desmontar las APPA y cuestionado las restricciones que, según su posición, podían afectar el uso productivo de la tierra. En el Congreso también avanza una discusión para modificar de manera permanente el marco legal que permitió crear estas zonas. El representante Daniel Briceño radicó el proyecto de ley para eliminar las APPA como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía.
El desenlace sigue abierto. La derogatoria anunciada este 5 de octubre cambia el panorama para los cinco municipios de Sabana Centro y deja pendiente el futuro de las demás áreas declaradas bajo esta figura. Lo que está en juego no es solo un trámite administrativo: es el poder de decidir sobre la propiedad rural, el ordenamiento del territorio y la producción de alimentos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el nuevo gobierno eligió el lado de la autonomía local y del libre uso del suelo, mientras el anterior había privilegiado la protección de tierras estratégicas para el abastecimiento. En esa tensión se mide también el costo de un Estado que regula desde lejos frente a la libertad de los productores para definir qué hacer con sus parcelas. Los detalles cuentan la historia.
