La escena lo dice todo. El 28 de julio, ante el Congreso, Keiko Fujimori eligió la inseguridad como el primer frente de su gobierno. No fue un gesto retórico: la mandataria anunció una arquitectura completa —militar, tecnológica y judicial— para enfrentar la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal que, según su diagnóstico, han desplazado la presencia del Estado en varias regiones del país.
El punto de partida fue concreto y brutal. Fujimori mencionó el incendio ocurrido días atrás en La Victoria, donde murieron diez personas, entre ellas cinco menores, en un hecho que —según indicó— habría estado relacionado con una extorsión. Ese episodio condensó el argumento central: comerciantes, transportistas, emprendedores y familias viven bajo amenaza, y el Estado no ha respondido a la altura.
Mando militar en las zonas críticas
La medida más significativa del discurso fue la decisión de otorgar a las Fuerzas Armadas el liderazgo temporal de las operaciones de seguridad durante los estados de emergencia. En las zonas donde el crimen organizado, el narcotráfico o la minería ilegal hayan desplazado la autoridad estatal, los militares asumirán el control del orden interno en coordinación con la Policía Nacional, hasta que el Gobierno considere restablecida esa autoridad.
Fujimori encuadró la medida dentro de las herramientas previstas en la Constitución. El discurso, sin embargo, no precisó los territorios que serían intervenidos primero, el presupuesto destinado a las medidas ni el plazo para ponerlas en marcha. Tampoco detalló bajo qué criterios se declararán los estados de emergencia, cuánto durarán ni qué indicadores se usarán para evaluar sus resultados.
Tecnología y depuración interna
El segundo componente de la estrategia apunta a modernizar la Policía Nacional. La presidenta anunció la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, centros de comando, herramientas modernas de comunicación y plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito. Estas plataformas podrían procesar información sobre denuncias, zonas de mayor incidencia y modalidades criminales.
Junto a la modernización, Fujimori anunció un sistema permanente de reconocimiento al mérito para los agentes que destaquen por su desempeño. Y lanzó una advertencia directa hacia adentro de la institución: «Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno», afirmó. Quienes deshonren el uniforme, dijo, deberán responder ante la justicia.
Reforma penitenciaria y ataque a las estructuras
La ofensiva no se limita a la calle. La mandataria prometió una reforma penitenciaria para impedir que las cárceles continúen funcionando como centros de coordinación de extorsiones y otras actividades del crimen organizado. También anunció el fortalecimiento y la ampliación de las unidades de flagrancia —donde distintas instituciones del sistema de justicia trabajan de manera conjunta para acelerar los procesos cuando una persona es detenida en el acto— y una persecución que apunta no solo a los autores materiales de los delitos, sino también a sus cabecillas y estructuras económicas.
Para instrumentar estos cambios, el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia y solicitará facultades legislativas al Congreso. Fujimori indicó que coordinará con el Poder Judicial y el Ministerio Público la aprobación de las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias.
Lo que viene
Los detalles cuentan la historia, y los que faltan también. El plan anunciado tiene coherencia de diagnóstico: identifica el problema, nombra los actores y propone herramientas en varios frentes simultáneos. Lo que resta por conocer —territorios prioritarios, presupuesto, plazos, métricas de éxito— determinará si la estrategia se traduce en resultados o se suma a la lista de operativos temporales sin impacto sostenido que han caracterizado a gobiernos anteriores.
Para Hemisferio, el ángulo es claro: Perú lleva años pagando el costo de un Estado que cedió terreno frente al crimen organizado. Que una presidenta recién asumida coloque la seguridad —y no el gasto social o la redistribución— en el centro de su primer mensaje es, en sí mismo, un giro de enfoque. El libre mercado y la inversión privada no prosperan donde la extorsión fija el precio de abrir un negocio. El verdadero examen de la administración Fujimori no será el discurso del 28 de julio, sino la capacidad de sostener la presión sobre las estructuras criminales más allá del primer decreto de urgencia.
