La escena lo dice todo. Un helicóptero UH-60 Black Hawk sobrevuela el cañón del río Cauca, descarga miles de galones de agua sobre una mancha de humo y vira de regreso al punto de abastecimiento. Abajo, en Santa Fe de Antioquia, lo que arde no es maleza cualquiera: es Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.
En lo que va de agosto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) contabilizó 12 incendios. El acumulado anual ya alcanza 68 emergencias, frente a los 61 registrados para la misma fecha el año pasado. Corantioquia, por su parte, reporta cerca de 24 focos provenientes de 15 municipios bajo su jurisdicción.
Los números tienen cara concreta. En Santa Fe de Antioquia ardieron 16.043 metros cuadrados —más de una hectárea y media— de bosque seco. En Angelópolis y Santa Bárbara, los incendios impactaron 186 y 600 metros cuadrados respectivamente, con daños en el suelo, gramíneas y especies de alto valor como pino ciprés, cedro, mango y aguacate.
Ante la magnitud de las conflagraciones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó el Black Hawk equipado con el sistema Bambi Bucket, que permite descargas controladas desde el aire y alcanza zonas inaccesibles por tierra. En Santa Fe de Antioquia se realizaron siete descargas aéreas con 3.102 galones de agua y 7,5 galones de retardante, en casi tres horas de vuelo. En Abejorral se sumaron ocho descargas adicionales con 1.908 galones de agua y 0,5 galones de retardante. En total, entre ambos municipios se emplearon 5.010 galones de agua y 8 galones de retardante.
El operativo articuló al Ejército, la Policía Nacional, el Dagran, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y los cuerpos de bomberos municipales. Una respuesta institucional de envergadura que, sin embargo, llega a apagar lo que manos humanas encendieron.
Según testimonios e investigaciones de campo recopiladas por las autoridades, el origen de buena parte de estos incendios estaría ligado a quemas asociadas a la preparación de terrenos para agricultura y ganadería, práctica estrictamente prohibida durante la temporada de El Niño y que puede acarrear sanciones. Corantioquia advirtió que realizará visitas a las zonas afectadas para verificar el origen de cada incendio y actuará con firmeza contra los responsables.
El foco que más inquieta a los científicos es el de Santa Fe de Antioquia. Yerson Ospina Aguirre, biólogo y docente de ecología en la Universidad CES, señala que en Colombia se estima que solo queda un 8% de bosque seco tropical, lo que lo convierte en un ecosistema en peligro de extinción. Ospina explica que estos bosques llevan siglos deteriorándose por la falta de estrategias de producción sostenibles, y que en ellos habitan especies endémicas como el cucarachero antioqueño, un ave en peligro de extinción precisamente por la destrucción de su hábitat.
Más allá de la biodiversidad, el biólogo advierte que los suelos son grandes reservorios de dióxido de carbono: «Si esa materia orgánica se quema, son toneladas de dióxido de carbono que van a volver a la atmósfera». Un incendio también deteriora la calidad del aire, interrumpe las cadenas tróficas y desplaza o mata a la fauna que no logra escapar a tiempo.
Los detalles cuentan la historia. Antioquia procesaba aún el susto del terremoto del 10 de agosto cuando los focos de fuego se multiplicaron en sus bosques. La coincidencia de emergencias revela la fragilidad de un territorio sometido a presiones simultáneas: fenómenos naturales, fenómeno de El Niño y, sobre todo, decisiones humanas que ignoran las consecuencias.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta al Estado —y al contribuyente— desplegar helicópteros militares, retardante y coordinación interinstitucional para apagar fuegos que, según las propias autoridades, en buena parte alguien prendió a propósito para preparar un lote? El aparato estatal movilizado es considerable; la sanción al responsable, todavía incierta. Mientras Corantioquia promete «actuar con firmeza», la libre empresa agropecuaria que opera dentro de la ley comparte el costo reputacional y ambiental de quienes queman al margen de ella. Orden, propiedad y reglas claras no son enemigos del campo: son su única garantía de largo plazo.
