La escena lo dice todo. Era la tarde del sábado 1 de agosto de 2026 cuando cuatro personas —un mayor indígena, un comunero y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección— compartían mesa en un restaurante de Florida, Valle del Cauca. Hombres armados irrumpieron y abrieron fuego. Tres no sobrevivieron.
Las víctimas fatales son el mayor indígena Julián Mauricio Gutiérrez, gobernador del resguardo Kwesx Yu Kiwe; el comunero indígena Haminton Daniel; y el escolta de la UNP Andrés Machín. El cuarto integrante del grupo, el escolta Jhon Lemus, fue herido de gravedad y permanece en un centro médico del municipio con pronóstico reservado.
El resguardo Kwesx Yu Kiwe pertenece al Pueblo Nasa, comunidad indígena asentada en el suroccidente colombiano. La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca fue una de las primeras voces en denunciar públicamente el ataque.
El Ministerio del Interior fue la primera respuesta institucional del gobierno nacional. En un comunicado, la cartera expresó condolencias a las familias de las tres víctimas y calificó el hecho como «una agresión directa contra los procesos de gobierno propio y la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y el territorio en el suroccidente del país». El ministerio instó además a las autoridades competentes a avanzar con las investigaciones para identificar a los responsables.
La misma cartera alertó por una amenaza de muerte contra Jhon Anderson Ipia, coordinador político y administrativo del Consejo de Gobierno del Pueblo Nasa, quien recibió un ultimátum de 24 horas para abandonar el país. Ante esa situación, el Ministerio convocó a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con los pueblos indígenas, y describió lo que las propias autoridades indígenas califican como «un riesgo de exterminio físico y cultural».
La Unidad Nacional de Protección, por su parte, condenó el ataque y ofreció colaboración a las autoridades investigadoras. En su comunicado, la entidad precisó que «honra la memoria del gobernador indígena y del integrante del esquema de protección que entregó su vida en cumplimiento de su deber».
Desde el ámbito legislativo, Aída Quilcué, representante a la Cámara del Pacto Histórico, alertó a la Defensoría del Pueblo, a la ONU, a la MAP/OEA y a los organismos de derechos humanos. «Exigimos protección inmediata e investigaciones eficaces para que estos hechos no se repitan», escribió la congresista en redes sociales.
Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, exigió una investigación «pronta y rigurosa para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia». «Defender la vida, el territorio y la paz no puede seguir costando vidas», declaró el funcionario.
Según los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el ataque en Florida constituye la masacre número 78 registrada en Colombia durante el año 2026. La misma organización señaló la presencia en la zona del frente Dagoberto Ramos, el frente Adán Izquierdo y el frente 57 Yair Bermúdez, además de bandas locales. De manera preliminar, una de las hipótesis apunta al frente 57, aunque esa versión continúa en verificación por organismos judiciales.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables.
Lo que el número 78 revela no es solo una estadística: es la medida de un Estado que, ante la violencia sistemática contra comunidades indígenas, responde con comunicados y convocatorias a la solidaridad internacional mientras las investigaciones avanzan sin resultados públicos. El Ministerio del Interior instó a las autoridades competentes a actuar, pero esas autoridades son, en última instancia, parte del mismo aparato gubernamental que lleva meses sin ofrecer cuentas claras sobre quién opera en el suroccidente colombiano ni con qué impunidad.
Para las familias del mayor Julián Mauricio Gutiérrez, del comunero Haminton Daniel y del escolta Andrés Machín, los comunicados de condolencia no sustituyen la justicia. El principio en juego es elemental: el Estado existe para proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos. Cuando llega tarde —y en forma de pésame— el fracaso es del Estado, no de las víctimas.
