Florida decidió ponerle freno a la inteligencia artificial en su sistema educativo. El Consejo de Educación del estado aprobó por unanimidad nuevas limitaciones para escuelas públicas de preescolar a secundaria y para las universidades públicas estatales, en una señal de que la preocupación por esta tecnología ya no se queda en el debate académico, sino que entra de lleno en la política pública.
La medida prohíbe usar IA para «satisfacer las necesidad sociales» de los alumnos o para «simular amistad, compañía o relaciones emocionales» con ellos. También impide que los estudiantes la empleen para realizar trabajos o evaluaciones calificadas de un curso o programa, y veta las herramientas con «diseño antropomórfico u orientado a construir relaciones» que incentiven al alumno a seguir interactuando con el sistema.
Las restricciones no se quedan en el aula. La nueva normativa obliga a las escuelas a pedir consentimiento de los padres para implementar estas herramientas; si lo rechazan, los planteles deberán ofrecer alternativas de enseñanza sin IA. Además, impide sistemas que vigilen la conducta o elaboren perfiles psicológicos de los estudiantes. Ni alumnos ni maestros quedan fuera del nuevo perímetro: el uso de estas herramientas deberá hacerse bajo supervisión de profesores y administradores, que también recibirán capacitación sobre seguridad, riesgos y limitaciones.
Las medidas afectarán a más de 3 millones de estudiantes a partir de julio de 2027. Florida se suma así a los mayores distritos escolares de Estados Unidos —Los Ángeles y Nueva York—, que ya habían aprobado restricciones semanas antes. Los Ángeles prohibió la IA generativa de texto, imágenes y otro contenido, mientras Nueva York decretó una moratoria de un año para niños desde preescolar hasta octavo grado.
El giro regulatorio es más amplio de lo que sugiere el caso de Florida. Casi la mitad de los estados en Estados Unidos, 24, han emitido lineamientos para la IA en las aulas, según TeachAI. FutureEd, por su parte, ha documentado 77 proyectos de ley en 27 estados que abordan la inteligencia artificial en la enseñanza. La escena lo dice todo: el sistema educativo está intentando alcanzar a una tecnología que avanzó más rápido que las reglas.
La alarma, además, ya rebasó el terreno escolar. La semana pasada, Jacob Coxon, un investigador de Anthropic que también trabajó para OpenAI, renunció al acusar a la empresa y a sus competidores de no desarrollar IA de manera responsable y de que los líderes creen que «podría acabar» con la humanidad «antes de que termine la década». Dario Amodei, director general de Anthropic, publicó el fin de semana un ensayo en el que urgió desacelerar el desarrollo de esta tecnología por los riesgos.
A esa advertencia se sumaron Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, pero Donald Trump rechazó esas peticiones para evitar que China aventaje a Estados Unidos. En contraste, Ron DeSantis, gobernador de Florida, advirtió el lunes a los miembros de su partido que apoyar la IA será una «posición perdedora» en las próximas elecciones.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Florida no está prohibiendo la inteligencia artificial; está marcando un límite sobre quién la controla, cómo se usa y qué lugar puede ocupar en la educación pública. Y en esa decisión aparece el verdadero conflicto: no entre progreso y atraso, sino entre innovación sin freno y responsabilidad institucional.
El desenlace importa más allá de las aulas. Cuando el aparato estatal fija reglas claras sobre una tecnología que puede influir en estudiantes, familias y docentes, reconoce que la libertad tecnológica también necesita contrapesos. Ese es el punto de fondo: la escuela pública no puede convertirse en laboratorio sin consentimiento, ni la burocracia educativa puede delegar en algoritmos funciones que afectan la formación, la privacidad y la autonomía de los menores.
