La escena lo dice todo. Desde veredas de Antioquia, firmantes del Acuerdo de Paz y familiares de excombatientes tomaron papel y pluma para enviarle un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella: no detenga la implementación de lo pactado en La Habana.
Los testimonios, conocidos a través de Blu Radio, llegan en un momento de tensión política. De la Espriella ya cuestionó públicamente el viaje de Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», a España, y anunció una revisión de las entidades vinculadas a la implementación del Acuerdo. Esa señal encendió las alarmas entre quienes apostaron por la reincorporación a la vida civil.
Una de las cartas fue firmada por Enith Moreno Úsuga, campesina, firmante del Acuerdo y defensora de derechos humanos. Su mensaje al mandatario electo es directo: mantener el diálogo con los firmantes, proteger la vida de líderes sociales y garantizar que se cumpla lo pactado. Para Moreno, la paz no se agota en el silencio de los fusiles. Exige, según su escrito, presencia efectiva del Estado, acceso a tierra, educación, salud, justicia, trabajo digno y oportunidades para comunidades históricamente excluidas.
A esa misiva se suma un manuscrito de otro firmante que prefirió no ser identificado. Relató que ingresó a la antigua guerrilla siendo joven, empujado por la pobreza y la desigualdad de su entorno familiar. El proceso de paz, escribió, le permitió imaginar una vida diferente junto a sus hijos. Hoy, sin embargo, asegura sentir preocupación por quienes cumplieron con la reincorporación y siguen enfrentando estigmatización, amenazas y obstáculos para que el Estado honre sus compromisos. «Solo pedimos que se dialogue y no se nos trate como a quienes siguen armados», se lee en una de las misivas.
Esa distinción es el núcleo del reclamo: los firmantes que permanecen en la legalidad piden no ser equiparados con estructuras que continúan activas en la ilegalidad. Su petición central es que el Estado preserve las garantías acordadas y los canales de participación.
También habló Jhoany Perea Cuesta, hija del excombatiente Erics Córdoba Pérez. Relató cómo la decisión de su padre de dejar las armas estuvo marcada por incertidumbre, pero también por esperanza. Según su testimonio, las asignaciones económicas recibidas durante el proceso de reincorporación les permitieron cubrir necesidades básicas, planificar un futuro más estable y recuperar dignidad. Su voz recuerda que la implementación no solo involucra a los firmantes, sino también a sus familias.
El contexto político añade presión al cuadro. Integrantes del último secretariado de las extintas Farc enviaron recientemente una carta a De la Espriella en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final, pese a las diferencias ideológicas. En ese documento recordaron que el Estado mantiene obligaciones constitucionales e internacionales frente a lo pactado.
Desde Antioquia, los firmantes «de a pie» buscan que su voz no quede sepultada bajo la disputa entre cúpulas. Su mensaje no apunta a la pelea política nacional, sino a la vida cotidiana de quienes apostaron por la reincorporación y temen que los avances logrados queden en riesgo con el cambio de gobierno.
Para Hemisferio, el desafío que enfrenta De la Espriella ilustra una tensión real de todo gobierno que llega al poder con una agenda de orden y libre empresa: cómo administrar compromisos heredados sin que el aparato estatal construido alrededor de ellos se convierta en un obstáculo permanente a la reforma. La pregunta no es si el Acuerdo de La Habana debe revisarse —ese es un debate legítimo— sino quién paga el costo de la incertidumbre mientras la discusión se resuelve en Bogotá. La respuesta, según estas cartas, la están viviendo familias en territorios rurales de Antioquia. El nuevo gobierno tendrá que encontrar la manera de distinguir entre revisar la burocracia del posconflicto y abandonar a quienes ya cruzaron el umbral de la legalidad. Esa distinción, si De la Espriella la traza con claridad, podría ser uno de los primeros gestos de estadista de su mandato.
