La escena lo dice todo. En Filipinas, una serie de incidentes escolares este año empujó a los legisladores a tratar las redes sociales como parte del problema y a responder con una ofensiva regulatoria de gran alcance. La Cámara de Representantes aprobó el lunes un proyecto que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 13 años y limita el de quienes tienen entre 13 y 17, con 287 votos a favor y solo tres en contra.
La iniciativa de la Cámara baja llega después de una versión paralela del Senado, aprobada la semana pasada, que va más lejos: fija el umbral en los 18 años y bloquea el acceso de los menores a plataformas y servicios clasificados como «de alto riesgo». Ambas cámaras deberán reconciliar sus diferencias antes de enviar la ley al presidente Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr. para su firma.
Marcos dijo el domingo en Singapur que no le parece «nada sorprendente» que el Congreso actuara en medio de las preocupaciones sobre una posible influencia de las redes en actos violentos cometidos por niños. Pero también advirtió que su administración seguirá estudiando si una prohibición así puede funcionar en un país de más de 110 millones de personas. «Eso también es algo que estamos estudiando con mucha seriedad», dijo. «Tiene sus ventajas», añadió, aunque alertó que también podría «simplemente hacer que los niños escondan su uso».
El giro regulatorio no apareció de la nada. Desde al menos 2019, las prohibiciones por edad habían estado en debate en Filipinas, pero cobraron fuerza este año tras reportes de un plan de tiroteo masivo frustrado en febrero y, después, tiroteos y apuñalamientos en otras regiones durante los meses siguientes. El secretario de Educación, Juan Edgardo Angara, señaló en julio que las influencias dañinas en línea podían ser un factor detrás de esos episodios, y citó la «exposición de los jóvenes a sitios dañinos de redes sociales, influencias negativas, acosadores y grupos terroristas en línea que reclutan activamente (a niños)».
Los protagonistas del debate no coinciden en el remedio. La senadora Risa Hontiveros, la única voz disidente en la versión del Senado, defendió restricciones escalonadas para adolescentes en lugar de una prohibición general para menores de 18 años. Dijo que la legislación debe reflejar «las realidades de cómo las redes sociales también han beneficiado a los jóvenes» y advirtió que una prohibición súbita podría empujar el uso de las redes a la clandestinidad.
«Tomárselas a los niños de golpe sin ofrecer formas adecuadas para que afronten su ausencia no es la respuesta a sus necesidades ni a nuestros temores colectivos», dijo Hontiveros. Su posición choca con la del senador Robinhood Padilla, promotor del proyecto de la Cámara alta, quien sostuvo que la medida es necesaria no solo para frenar la violencia en las escuelas, sino también la mala influencia sobre la juventud en general.
Padilla dijo el 11 de octubre que el proyecto debe aprobarse de inmediato porque las redes sociales «han causado muchas cosas malas a nuestros jóvenes, especialmente a los menores», y citó casos de acoso, suicidios y tiroteos escolares. «Todos estos problemas se han acumulado con el tiempo», afirmó.
La versión del Senado endurece además el control sobre la actividad digital de los menores. Propone desactivar o suspender las cuentas de los menores y prohibirles crear nuevas. Las plataformas deberán contar con mecanismos eficaces para verificar la edad. El proyecto no abarcaría el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería privada sin funciones públicas o grupales, las plataformas escolares, los sitios de noticias ni los juegos en línea centrados en el juego y no en las redes sociales.
La Cámara de Representantes tomó un camino algo distinto. Su propuesta prohíbe las redes a los menores de 13 años y permite acceso limitado a los adolescentes menores de 18, aunque sin acceso a contenido «dañino o prohibido», publicidad, transmisiones en vivo, video breve, elaboración de perfiles de comportamiento, compras ni mecanismos parecidos al juego. Además, los padres deberán consentir el uso de redes por parte de sus hijos y ese consentimiento podrá retirarse.
El impulso político viene acompañado de una discusión incómoda: cuánto de esta respuesta realmente frenará la violencia y cuánto solo trasladará el problema a otro sitio. Filipinas está entre los países donde los usuarios pasan más tiempo en línea, y una prohibición es una medida de escalada. Los críticos también cuestionan su eficacia.
Australia, el primer país en prohibir las redes sociales para niños, ofrece una advertencia. Un estudio comunitario publicado en junio de 2026 encontró «implementación limitada, cumplimiento incompleto y evasión sustancial de las restricciones a las redes sociales» en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la prohibición en diciembre de 2025.
Ese dato pesa en la trastienda filipina. La presión política para actuar es evidente, pero también lo es el riesgo de construir una respuesta que parezca firme y resulte fácil de eludir. Si la meta es proteger a los menores, la discusión no puede reducirse a cerrar puertas: también debe preguntarse quién controla el acceso, con qué herramientas y a qué costo para la libertad digital de millones de familias.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Congreso filipino no solo discute una norma sobre redes sociales; discute hasta dónde debe llegar el Estado cuando una crisis juvenil se convierte en argumento para ampliar su poder sobre la vida digital. Ahí está el verdadero desenlace en juego: si la solución será más responsabilidad de padres y plataformas, o más control burocrático sobre el comportamiento de los menores en internet.
