El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la combinación de fentanilo, midazolam y ketamina causó la muerte de Jennifer García Valencia, una mujer de 33 años que se hizo un tatuaje en su casa, en Bogotá, a mediados de agosto de este año.
En el informe de necropsia, el instituto clasificó la manera de muerte como «violenta en contexto de homicidio». También concluyó que la administración conjunta de esos tres medicamentos genera efectos depresores sobre el sistema nervioso central, con riesgo para la función respiratoria y cardiovascular.
La escena lo dice todo. Según el relato recogido en el documento, al que tuvo acceso este diario, García llevaba cerca de un mes tatuándose la espalda y sintió dolor durante el procedimiento. Una amiga le contó que tenía un familiar que administraba anestesia y cobraba $600.000. Llegaron a un acuerdo y esa persona fue a la casa, donde le aplicó medicamentos por vía intravenosa mientras el tatuador seguía con su trabajo.
Como el dolor persistía, siempre según el esposo, hubo una nueva aplicación. Poco después, la mujer presentó un «pre-infarto». Cuando llegó a la casa, personal de atención prehospitalaria ya le hacía maniobras de reanimación.
El informe del primer respondiente añadió otro dato: esa ya era la cuarta sesión del tatuaje y la mujer habría contactado a un auxiliar de enfermería para controlar el dolor. Esa persona, que estaba en el lugar, dijo haberle administrado ketamina, fentanilo y midazolam.
La necropsia no halló lesiones traumáticas que explicaran la muerte, pero sí signos de hipoxia, entre ellos pulmones con salida de líquido espumoso. El corazón no mostraba alteraciones.
El perito subrayó además que los medicamentos no los aplicó personal de salud idóneo ni se hizo bajo condiciones de control clínico, es decir, sin valoración previa, control de dosis, monitoreo de signos vitales ni capacidad de respuesta ante una complicación.
El informe tiene salvedades. La cuantificación de los medicamentos sigue en proceso y los hallazgos pueden reinterpretarse si la autoridad aporta nueva información.
El caso volvió a surgir esta semana cuando el concejal de Bogotá Jairo Avellaneda denunció que, más de un mes después, la persona señalada de aplicarle los medicamentos sigue en libertad. También le exigió celeridad a la Fiscalía.
«Lo capturan en flagrancia y poco después es dejado en libertad. ¿Por qué?», preguntó Avellaneda. A su juicio, con el dictamen ya hay elementos para una orden de captura. «Fiscalía, actúe», pidió.
«Juan Jair Sánchez Goez sigue libre. No estamos pidiendo una condena sin juicio, estamos pidiendo que la justicia actúe», señaló.
El concejal también puso el foco en el origen de los fármacos. Le pidió a la Secretaría de Salud explicar de dónde salieron, quién los suministró y qué trazabilidad existe, y advirtió que no se puede permitir que algo así «vuelva a pasar en Bogotá».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El caso no solo abre un expediente penal; también revela una zona gris en la que circulan fármacos de alto riesgo fuera de un entorno clínico y sin controles elementales. Cuando una sustancia diseñada para uso médico termina en una casa, aplicada durante un tatuaje, el problema ya no es solo forense: es de vigilancia, trazabilidad y responsabilidad institucional.
Y ahí está el desenlace de fondo. Si la Fiscalía avanza, si Salud aclara el origen de los medicamentos y si la cadena de manejo se reconstruye, el caso puede convertirse en una advertencia útil. Si no, quedará como otra señal de un Estado que llega tarde cuando el daño ya está hecho y el costo lo paga una familia, no la burocracia.
