Pedro Sánchez disolvió el Parlamento y adelantó las elecciones generales en España para el 29 de noviembre de 2026, una decisión tomada después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre vivienda y en medio de una aritmética parlamentaria cada vez más frágil para su gobierno de coalición.
La escena lo dice todo. El giro llegó tras una derrota legislativa con efecto político inmediato: los dos decretos sobre vivienda no prosperaron en la Cámara Baja, según las fuentes consultadas, y eso activó la cuenta atrás electoral. En su comparecencia, Sánchez defendió el balance de su gobierno y enmarcó la elección como una disyuntiva entre avanzar con una mayoría progresista o dejar el país en manos de una «coalición ultraderechista».
Desde el otro lado, Alberto Núñez Feijóo celebró el adelanto y lo presentó como una oportunidad para que decidan «todos los españoles». También sostuvo que la contienda no se limita a una disputa entre el PP y el PSOE, sino a que «España le gane a Sánchez y a lo que representa».
Santiago Abascal, por su parte, advirtió que serán unas elecciones «muy inciertas» y recordó que en 2023 Vox y el PP lideraban las encuestas, pero Sánchez terminó formando gobierno. Su mensaje fue de prudencia, no de euforia anticipada.
Isabel Díaz Ayuso fue más lejos en el tono. Pidió a los españoles que no voten por correo y aludió a posibles «adulteraciones». También afirmó que Sánchez se va porque «no puede más», que «no le dan los números» y que no puede sostener esta «farsa». Ayuso pidió además leer la contienda en términos de «democracia o Sánchez» y «comunismo o libertad».
El trasfondo institucional es claro. Sánchez había comunicado antes al rey su decisión de adelantar los comicios y, según La Moncloa, convocó un Consejo de Ministros extraordinario para volver a aprobar las medidas de vivienda. La cadena de hechos que empujó la decisión incluye, además, la protesta social por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años.
En su discurso, Sánchez insistió en que el Gobierno había tomado «medidas valientes» para reforzar el Estado del bienestar y criticó a sus adversarios por haber bloqueado iniciativas clave. También dijo que su Ejecutivo había alcanzado sus «mejores resultados económicos y sociales», aunque reconoció errores y admitió que no logró cumplir todo lo propuesto.
La oposición conservadora y la extrema derecha votaron contra los decretos, pero no fueron los únicos actores en esa caída legislativa. En el primer decreto, que incluía medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables, también votaron en contra UPN, además de PP, Vox y Junts. En el segundo, sobre la renovación automática de los contratos de alquiler, el rechazo se amplió a PNV y Coalición Canaria, junto con PP, Vox y Junts.
La elección ahora queda atada al calendario de la LOREG. La convocatoria activa 54 días de cuenta atrás y fija una campaña de 15 días. El 29 de noviembre de 2026, más de 37 millones de españoles están llamados a las urnas, en una elección que llega con la vivienda en el centro y con el Parlamento convertido en juez del desgaste del Gobierno.
Los detalles cuentan la historia. Sánchez buscó convertir la debilidad parlamentaria en una apelación al electorado, pero lo que queda a la vista es otra cosa: un Ejecutivo sin mayoría suficiente que tuvo que ir a elecciones tras perder votos clave en el Congreso. En ese punto, la política deja de ser relato y vuelve a ser aritmética.
Para el lector, el desenlace tiene una lectura más amplia. Cuando un gobierno no consigue sostener su programa en el Parlamento, la factura no la paga solo el presidente: la pagan también la estabilidad regulatoria, la confianza y la capacidad de tomar decisiones previsibles. En una economía donde la vivienda ya aparece como un frente de tensión, cada nueva derrota legislativa añade más incertidumbre para ciudadanos, propietarios e inversionistas.
También queda en juego el principio de responsabilidad. Si Sánchez quería una mayoría más amplia para «seguir transformando» España, ahora deberá ganarla en las urnas. La oposición, mientras tanto, ya ensaya el marco de una elección total: no entre siglas, sino entre continuidad y ruptura, entre el aparato estatal que promete más intervención y una alternativa que dice representar el cambio. El resultado dirá cuál de esas dos lecturas logró imponerse.
