La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, salió a responderle al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, después de que este ordenara una revisión de la ejecución, destinación e impacto de los recursos de la cuota parafiscal del sector y de los provenientes de las subastas de importación de arroz de Estados Unidos.
El pronunciamiento fue dirigido a la junta directiva del gremio y divulgado en medio de la discusión sobre la situación económica de los productores arroceros. En el centro de la disputa está una pregunta simple, pero políticamente cargada: si el dinero recaudado para fortalecer el sector está cumpliendo realmente su propósito.
Fedearroz respondió que está abierta a las revisiones y que «no tiene nada que ocultar». El gremio defendió el manejo que ha dado a esos fondos durante años y sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas han sido parte de su gestión.
La controversia comenzó luego de que Dangond anunciara una «revisión rigurosa, con enfoque forense» sobre estos recursos. Según el ministro, durante los últimos 15 años las subastas de importación de arroz proveniente de Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones.
El funcionario argumentó que, pese a esos recursos, los productores siguen enfrentando dificultades relacionadas con los costos de producción, la productividad, la infraestructura, el clima y la variación de los precios. También señaló que, si durante la revisión aparecen situaciones que requieran actuaciones adicionales, serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
En su respuesta, Fedearroz dijo que comparte la importancia de que los recursos destinados al desarrollo del sector sean manejados con transparencia, responsabilidad y rigor. El gremio aseguró que esa ha sido una política durante sus 80 años de existencia.
La federación agregó que está dispuesta a que las autoridades competentes realicen las revisiones o evaluaciones que consideren necesarias para verificar la destinación y ejecución de los recursos. Y recordó que la inversión de esos fondos ya ha sido objeto de controles.
Según Fedearroz, la Contraloría General de la República ha realizado auditorías anuales sobre la inversión de los recursos, de acuerdo con los cronogramas establecidos por los organismos de control. La federación también señaló que la Procuraduría General de la Nación ha efectuado revisiones cuando lo ha considerado pertinente.
Otro de los argumentos del gremio es que las inversiones realizadas con la Cuota de Fomento Arrocero y con recursos de Col-Rice han contado con el aval y la aprobación de las instancias correspondientes del Ministerio de Agricultura, dentro de los procedimientos establecidos.
Fedearroz sostuvo además que esos fondos no han tenido como propósito beneficiar a la federación como institución, sino generar bienes, servicios y capacidades para los productores. Entre las áreas en las que, según el gremio, se han destinado los recursos están la infraestructura y las plantas de procesamiento al servicio de los agricultores.
La organización explicó que las decisiones sobre las necesidades y prioridades de inversión no se toman únicamente desde su administración nacional. Según el documento, estas se construyen desde las regiones mediante el trabajo de sus 19 seccionales, en las que participan productores a través de comités seccionales, representantes y otras instancias gremiales.
Esas propuestas son posteriormente consideradas por la Junta Directiva Nacional de Fedearroz, que también ha aprobado las inversiones de Col-Rice, según indicó la organización. Además, el gremio hizo énfasis en que los recursos de la Cuota de Fomento Arrocero cuentan con un esquema institucional para la aprobación de programas y proyectos.
La federación recordó que, desde la aprobación de la Ley 101 de 1963, los programas y proyectos financiados con estos recursos son sometidos a la aprobación de una comisión presidida por el Ministerio de Agricultura. En esa instancia participan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior y tres agricultores elegidos por la Junta Directiva de Fedearroz como representantes de la base productiva.
Por eso, el gremio planteó que la discusión sobre estos recursos no debería concentrarse únicamente en cuánto dinero se ha recaudado o ejecutado, sino también en los resultados que las inversiones han producido para los agricultores. En ese sentido, señaló que los recursos han permitido desarrollar acciones relacionadas con productividad, reducción de costos, uso de recursos naturales, incorporación de tecnología e infraestructura para los productores.
La federación agregó que los informes de gestión y la información sobre las inversiones se encuentran publicados y disponibles para consulta de las autoridades, los agricultores y la ciudadanía.
El giro de esta historia no es menor. Cuando el Estado revisa con lupa el destino de los recursos parafiscales, el mensaje que queda sobre la mesa es que el dinero de los productores no puede administrarse como una caja opaca ni como una rutina burocrática inmune al escrutinio. La revisión forense que impulsa el Ministerio pone en el centro el principio de responsabilidad: cada peso debe traducirse en resultados medibles, no en inercia institucional.
Para el campo, el desenlace debería ser más simple que el ruido político: menos discursos defensivos y más evidencia sobre productividad, costos e infraestructura. Si los recursos cumplen su función, la revisión lo confirmará. Si no, el país tendrá otra prueba de que la disciplina, la transparencia y el control no son un trámite, sino una obligación con los contribuyentes y con quienes producen.
