La familia del locutor Iván Michel Atilano denunció que, a más de 40 días de su desaparición, no hay avances concretos en la búsqueda ni una coordinación efectiva entre autoridades estatales y federales.
Atilano desapareció el pasado 18 de agosto en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Desde entonces, la familia asegura que lo único que recibe de las autoridades es que «lo están buscando», pero sin respuestas claras sobre qué acciones se han realizado para localizarlo.
Mediante un comunicado, la familia acusó al Ministerio Público de Huautla de Jiménez de bloquear la relación con ellos luego de que, según su dicho, no cumplió con el trámite completo para que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas también interviniera en el caso.
La familia explicó que su inconformidad nació cuando pidió información sobre los avances de la investigación. La respuesta que dice haber recibido fue que «ya se hizo todo». Después de eso, afirma, el Ministerio Público bloqueó su número telefónico y cortó el contacto.
«Ya han pasado más de 40 días desde la desaparición de Iván Michel y seguimos sin tener respuestas claras… Como familia, lo único que recibimos de las autoridades es que lo están buscando, pero no vemos avances concretos que nos permitan saber qué se está haciendo para encontrarlo», expuso el comunicado.
También señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas les informó de manera insistente que el Ministerio Público no había cumplido con el trámite completo para que pudiera intervenir formalmente en la búsqueda.
Para la familia, el problema central es la falta de información y de resultados. Dice que ha acudido a las instancias correspondientes y que, en vez de una respuesta coordinada, ha encontrado que «las autoridades se pasan, unas a otras la responsabilidad, mientras el tiempo sigue pasando y nuestra familia sigue esperando a Iván».
Hasta ahora, añadió, el único contacto institucional que mantienen con mayor frecuencia es con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Por eso hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que intensifiquen la búsqueda, coordinen sus esfuerzos y les informen de manera clara qué acciones se han realizado y cuáles siguen en curso para localizarlo.
También pidieron apoyo a los medios de comunicación para visibilizar el caso y a la ciudadanía para no permanecer indiferente. Solicitaron que cualquier información que ayude a localizarlo, por pequeña que parezca, sea entregada a las autoridades correspondientes.
La escena lo dice todo. En un caso de desaparición, el tiempo es una variable crítica y la descoordinación entre oficinas públicas se vuelve un costo directo para la familia. Cuando el aparato estatal no responde con claridad, la búsqueda se desgasta y la incertidumbre se prolonga.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la familia no solo reclama resultados, reclama reglas mínimas de funcionamiento. Que el Ministerio Público actúe, que la Comisión Nacional de Búsqueda intervenga y que alguien asuma la responsabilidad sin pasarse la carga de una ventanilla a otra. Ese es el punto de fondo: cuando las instituciones no coordinan, el ciudadano queda solo frente al vacío. Y en un caso así, el vacío siempre cobra demasiado caro.
