La escena lo dice todo. Un colegio privado en Tegucigalpa cancela su línea telefónica fija para dejar de recibir llamadas extorsivas. Otro, en San Pedro Sula, cambia de barrio. Un tercero simplemente cierra. Mientras tanto, la titular de la Secretaría de Educación de Honduras, Arely Argueta, sale ante los medios a declarar que «en el sistema público no hemos tenido denuncias de extorsión para docentes».
La frase es técnicamente precisa. Y al mismo tiempo, revela todo un problema.
Lo que dice la Fenieph
La Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph) no habla de rumores ni de percepciones. Su presidente, Carlos Sabillón, sostiene que la extorsión afecta desde hace varios años a instituciones privadas, principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Según explicó, algunos colegios cerraron operaciones como consecuencia de las amenazas, mientras otros —especialmente los que funcionan en locales alquilados— se trasladaron a diferentes barrios o colonias para intentar reducir el riesgo.
Las llamadas extorsivas, describió Sabillón, se han convertido en una de las principales formas de intimidación. La respuesta de varios centros fue cortar sus propias líneas telefónicas: una medida desesperada que dice más sobre el estado de la seguridad que cualquier boletín oficial.
El dirigente advirtió además que este delito, históricamente asociado al transporte público, los pequeños negocios y los comerciantes, se ha extendido hacia el sector educativo y pone en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones privadas.
La respuesta del Estado
Ante ese cuadro, la ministra Argueta reconoció que los reportes en el sector privado «también generan preocupación» para las autoridades educativas. Informó que la Secretaría de Educación mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad para reforzar los patrullajes policiales en los alrededores de escuelas y colegios, y pidió a padres, estudiantes y docentes no alarmarse al ver presencia policial cerca de los centros.
También subrayó que la denuncia ciudadana es «clave» para atender cualquier situación irregular, incluyendo casos de narcomenudeo o amenazas. «Si tenemos denuncias, las vamos a atender directamente desde el centro educativo afectado», aseguró.
El problema con esa lógica es evidente: si los afectados no denuncian —porque temen represalias, porque desconfían del sistema o porque simplemente ya aprendieron que denunciar no resuelve nada—, el Estado registra cero casos y concluye que no hay problema.
El contraste que no cierra
La propia Secretaría de Educación reconoce que «la ausencia de denuncias formales no elimina la necesidad de mantener controles». Es una admisión importante, aunque llegue en voz baja. Porque lo que los números oficiales no capturan, la realidad del sector privado lo documenta con hechos concretos: cierres, traslados, líneas cortadas, comunidades abandonadas.
Sabillón pidió fortalecer las acciones contra las estructuras criminales y evitar que más colegios tengan que cerrar o abandonar las comunidades donde prestan sus servicios. La petición suena razonable. La pregunta es si alguien en el aparato estatal está dispuesto a escucharla con la urgencia que merece.
Lo que está en juego
Los detalles cuentan la historia. Cuando una escuela privada cierra por extorsión, no solo desaparece una opción educativa: se destruye una empresa, se pierden empleos, una comunidad pierde un servicio que el Estado no siempre puede reemplazar. La libre empresa educativa —que en Honduras, como en toda la región, complementa un sistema público sobrecargado— no puede sobrevivir si el crimen organizado cobra peaje para operar.
El contraste entre la tranquilidad oficial y la alarma del sector privado no es un detalle administrativo. Es el retrato de un Estado que mide su éxito por la ausencia de denuncias, no por la presencia de seguridad real. Mientras las estructuras criminales avanzan sobre el aula, la burocracia afina su estadística. Para los colegios que ya cerraron, esa distinción llega tarde.
