El diario Expreso, uno de los más importantes de Ecuador, se imprimió por última vez este jueves tras 53 años de circular de forma ininterrumpida. A partir de ahora, seguirá solo en versión digital.
La escena lo dice todo. La última edición fue construida en directo desde las redacciones de Quito y Guayaquil, para que lectores y seguidores vieran el trabajo diario de los periodistas en una jornada que el propio medio describió como «histórica». Después de enviar el diario a impresión, algunos periodistas aparecieron frente a las cámaras con carteles que decían: «Que viva la prensa libre».
En su portada final, el periódico resumió el desenlace con una frase dura: «Expreso abandona el papel, orillado por el acoso estatal». Sus periodistas y directivos atribuyen el cierre de la versión impresa a una «persecución» y a un «acoso» por parte de diversas instituciones del Estado.
El editor general, Alfonso Albán, defendió la trayectoria del medio en un comunicado. «El gran 'pecado' de EXPRESO fue cumplir con el propósito para el que nació: hacer periodismo», dijo. Añadió que, aunque pudieron reprocharle haber tenido «una voz fuerte, crítica e incómoda», jamás podrían decirle que mintió ni que se convirtió en «parlante del discurso oficial» o en «alfombra» del poder de turno.
Expreso había denunciado en el último año ser víctima de «persecución» y de «ataques» por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Según el propio medio, fue objeto de una serie de investigaciones por parte de instituciones gubernamentales como el Servicio de Rentas Internas y la Fiscalía por supuesta defraudación tributaria y lavado de activos.
La editora del diario, Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), alertó en febrero pasado que la Superintendencia de Compañías de Ecuador había intervenido la empresa con el supuesto objetivo de «supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas».
Según la empresa, el pedido de intervención nació de Inmobiliar, una institución que depende de la Presidencia, y que alegó una calidad de accionista del 2,56%. La editora también denunció que la Superintendencia trató de «adueñarse del 40% de las acciones» de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.
El presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Leisker, señaló además que existió «otro tipo de acoso» por parte del gobierno, dirigido a los clientes que anunciaban en las distintas cabeceras del grupo.
Fundado en Guayaquil el 25 de julio de 1973 por el fallecido Galo Martínez Merchán, Expreso deja atrás una era de papel y apuesta por sobrevivir en el entorno digital.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El cierre de la edición impresa no es solo la historia de un periódico que cambia de soporte: también exhibe el poder que conserva el aparato estatal para presionar, investigar y condicionar el ecosistema informativo. Cuando un medio denuncia que la persecución alcanza incluso a sus anunciantes, el mensaje es más amplio que una disputa empresarial: afecta la libertad de expresión y el derecho de los lectores a recibir información sin tutela.
Los detalles cuentan la historia. Aquí, el costo no lo paga solo una empresa periodística; también lo asumen la pluralidad, la prensa crítica y el clima de inversión privada en un país donde el vínculo entre Estado y medios queda bajo sospecha. Si las instituciones públicas actúan con exceso o selectividad, el resultado no es orden: es desconfianza. Y cuando la desconfianza se instala, el daño rara vez se queda en una redacción.
