Los protagonistas se alinearon rápido. Desde Nueva York, el taoiseach irlandés Micheál Martin prometió apoyo a la Corte Penal Internacional y dijo que Irlanda «se opone firmemente» a los esfuerzos por debilitarla. También sostuvo que Rusia debe rendir cuentas por sus acciones y que no puede haber impunidad para los crímenes de guerra.
A la vez, el primer ministro neerlandés Rob Jetten defendió la corte con un mensaje directo: «manos fuera» de la CPI y de las demás instituciones que protegen el orden jurídico internacional. Sus palabras recibieron aplausos en la Asamblea General de la ONU.
La respuesta europea llegó después de que Trump pidiera a los países miembros que renuncien «de inmediato» al organismo. En su discurso del martes ante la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos calificó a la CPI de «institución descontrolada» y aseguró que Washington nunca permitirá que militares estadounidenses u otras personas sean investigados o sometidos a «juicios simulados» por un tribunal «antiestadounidense» que, según él, no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos.
El giro no dejó margen a la ambigüedad. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, dijo que Alemania «no lo hará» y describió a la corte como «una institución importante». El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fue todavía más lejos al afirmar que la Unión Europea está «firmemente detrás» de la CPI y que es «inaceptable» amenazar o atacar a la corte, a sus funcionarios y a su personal.
La escena lo dice todo: mientras Washington vuelve a cuestionar el alcance de la institución, las capitales europeas la presentan como un pilar del orden jurídico internacional. La CPI, con sede en La Haya, es reconocida como la principal corte penal del mundo. Su jurisdicción proviene del Estatuto de Roma, un tratado que entró en vigor en 2002 y que ha sido ratificado por 125 países. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del tratado, y por eso no reconocen la jurisdicción de la corte.
Trump ha criticado a la CPI desde hace años. En 2017, la corte pidió abrir una investigación sobre acciones estadounidenses en el extranjero, incluidas denuncias de crímenes de guerra cometidos por personal de Estados Unidos en Afganistán. Un año después, en la Asamblea General de la ONU, Trump afirmó que la CPI no tenía «jurisdicción, legitimidad ni autoridad» y prometió «nunca rendir la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no elegida ni responsable ante nadie».
Desde entonces, el conflicto se ha convertido en una disputa de fondo sobre soberanía y poder institucional. Para los defensores de la corte, la premisa es simple: sin una jurisdicción internacional capaz de perseguir los peores crímenes, el orden legal pierde fuerza. Para Trump, en cambio, el problema es otro: una estructura transnacional que, a su juicio, pretende extender su alcance sobre ciudadanos estadounidenses sin base válida para hacerlo.
En la Asamblea General, el único país que pareció seguirle el paso fue Naoero, el microestado insular antes conocido como Nauru. Su presidente, David Adeang, anunció que retirará formalmente a su país del Estatuto de Roma, alegando la «creciente irrelevancia» de la corte. Después, Michael DeSombre, subsecretario estadounidense para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, celebró que Naoero se una a un número creciente de naciones que, según él, defienden su soberanía frente al «exceso ilegítimo» de la CPI.
Pero salir de la corte no es un corte limpio ni inmediato. Vasiliev, profesor de derecho internacional en Open University Netherlands, dijo que la retirada toma al menos un año y que los Estados siguen obligados a cooperar con los procedimientos abiertos antes de su salida. También señaló que, además de Naoero, Níger, Burkina Faso, Mali, Venezuela y Chad han avanzado hacia una retirada.
Ese dato importa porque muestra el desenlace real de este pulso: la CPI no es una abstracción, sino una institución cuya legitimidad depende de cuántos Estados la sostienen y de cuánto están dispuestos a acatar sus reglas. En un mundo fragmentado, cada abandono debilita su autoridad; cada defensa, como la de Irlanda, Países Bajos, Alemania y la Unión Europea, intenta preservar una idea de justicia internacional por encima de la política de poder.
La tensión de fondo es clara. Trump empuja un modelo de soberanía nacional sin interferencias de tribunales supranacionales. Europa responde defendiendo una arquitectura jurídica que, para sus líderes, protege el orden internacional. Entre ambas visiones, la batalla no es solo legal: también define quién manda, quién responde y hasta dónde llega el poder del Estado frente a las instituciones globales.
