Durante décadas, la Unión Europea marcó el paso global en políticas para reducir emisiones. Construyó el precio al carbono más importante del mundo y fijó reglas para una amplia gama de esfuerzos regulatorios. Ahora, en una nueva etapa, el bloque está desplazando su centro de gravedad hacia la adaptación.
La escena lo dice todo. En una entrevista del 8 de septiembre, Teresa Ribera, que supervisa la política climática en la UE como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, sostuvo que los costos crecientes de los efectos del cambio climático obligan a considerar la adaptación como un foco clave de la política económica.
«No hay presupuesto público que pueda sostener todo esto. No hay seguro privado que pueda hacer frente a todos estos costos», dijo Ribera. «Necesitamos invertir para reducir estos impactos y este costo».
Ese giro es importante por dos razones. Primero, reconoce una realidad dura: los esfuerzos globales de reducción de emisiones no han logrado evitar los efectos del cambio climático. Segundo, traslada el debate desde la meta abstracta hacia el costo concreto de vivir con los daños ya instalados. Para gobiernos, empresas y hogares, eso significa dejar de patear hacia adelante una factura que ya empezó a llegar.
En el corazón de este nuevo enfoque hay un marco de adaptación que la UE prevé presentar a finales de mes. A primera vista, podría parecer otro documento de orientación sobre riesgo climático. Pero los avances divulgados por las autoridades europeas sugieren algo más amplio: el paquete incluiría legislación propuesta que, entre otras cosas, podría exigir a los Estados miembros planes de resiliencia climática como condición para acceder a fondos.
Ribera también dijo que ese marco podría servir más adelante como base para una regulación más prescriptiva. «Puede haber ciertas regulaciones que podrían ser cada vez más estrictas», afirmó.
El verano pasado aceleró la presión política. El calor récord afectó a gran parte del continente y provocó decenas de miles de muertes excesivas. Los incendios forestales se acercaron a grandes ciudades europeas, una amenaza antes impensable. La sequía, además, dificultó combatir esos fuegos. Ribera calificó la experiencia de «bastante impactante».
Los números agregados son igual de duros. Entre 2021 y 2024, los eventos extremos relacionados con el clima causaron más de 200.000 millones de euros en pérdidas económicas en la UE, según cifras de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Gran parte de esas pérdidas no estaba asegurada, de modo que terminaron absorbidas por gobiernos, empresas u hogares.
Sin intervención, esas cifras seguirán creciendo a medida que los eventos extremos empeoren. Ribera dijo que la UE trabaja con aseguradoras para ampliar la cobertura donde tenga sentido, al tiempo que usa financiamiento público y privado para cubrir riesgos que no pueden ser atendidos solo por el seguro.
En paralelo, el bloque intenta mantener la línea de fondo de su política climática. A comienzos de este año, la UE suavizó sus reglas de divulgación de sostenibilidad corporativa y ajustó su marco de precios al carbono. Esta semana, además, dijo que consideraba retrasar la aplicación de partes de las reglas destinadas a frenar las emisiones de metano.
Ribera rechaza que eso signifique una marcha atrás. Sostiene que los objetivos de largo plazo siguen intactos. De hecho, este año la UE creó una meta jurídicamente vinculante de reducción de emisiones para 2040. «Existe esta fuerte tentación de algunos de decir: “Bien, abandonemos” o “Bajemos el listón”», dijo. Pero, según ella, Europa debe avanzar de manera «humilde y flexible» mientras mantiene «el sentido de dirección, los compromisos [y] los principios».
La novedad de fondo es que el clima entra en el núcleo de la planificación económica europea. Las decisiones sobre política industrial, infraestructura, gasto público y competencia deben considerar cada vez más no solo las emisiones, sino también el riesgo climático. La sostenibilidad pasa al centro de la economía.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La UE no está renunciando a su agenda climática; la está reordenando alrededor de un cálculo más duro y más costoso. Eso puede proteger mejor la actividad económica frente a daños crecientes, pero también obliga a asumir que la adaptación no es gratis. La factura, tarde o temprano, sale del presupuesto público, del bolsillo privado o de ambos.
Ese es el desenlace político del nuevo giro europeo: menos fe en que el regulador puede impedir el daño, más aceptación de que el aparato estatal deberá financiar preparación, resiliencia e infraestructura. Y cuando el Estado entra por esa puerta, el debate ya no es solo ambiental. Es fiscal, productivo y de prioridades. Queda por ver quién paga y quién decide.
