La escena lo dice todo. Era noviembre de 1985 y los habitantes de Armero, Colombia, dormían cuando los lahares del Nevado del Ruiz bajaron por las laderas y sepultaron la ciudad. Murieron al menos 23.000 personas. Fue, según el reporte que acaba de publicarse en el Journal of South American Earth Sciences, «la cuarta erupción más mortífera de la historia». Y era, en gran medida, evitable.
Once investigadores de Argentina, Chile, Puerto Rico, México, Ecuador y Costa Rica firmaron ese trabajo. Su diagnóstico es directo: durante décadas, los gobiernos de la región actuaron después de los desastres, no antes. La tragedia de Armero «expuso fallas en múltiples niveles», escriben, y se convirtió en el punto de partida para que América Latina comenzara a tomarse en serio el riesgo volcánico. Antes de ese año, el primer observatorio volcánico permanente gestionado por un país latinoamericano llevaba apenas dos años funcionando: lo había creado Ecuador en 1983. El contraste con otras latitudes es elocuente: el Observatorio Vesubiano de Italia opera desde 1841; el de Hawái, desde 1912.
Los números de hoy son mejores, pero no suficientes. La región concentra más de 300 volcanes activos —el 22% del total mundial— y produce una de cada cinco erupciones del planeta. Desde Armero, América Latina construyó alrededor del 25% de los observatorios volcánicos del mundo: 16 instituciones en nueve países vigilan los volcanes de forma permanente. Sin embargo, el propio primer autor del trabajo, Pablo Forte, investigador del CONICET y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Volcanología (ALVO), advierte que «la región avanzó en el monitoreo volcánico, pero aún tiene deudas pendientes». Forte señala además que «la vulnerabilidad y la exposición al riesgo varían de un país a otro, e incluso de un volcán a otro».
El caso más llamativo que documenta el estudio es Bolivia: es el único país de América del Sur con volcanes activos que no cuenta con ninguna institución dedicada a vigilarlos. Si uno de esos volcanes entrara en actividad hoy, no existiría un mecanismo oficial para avisar a la población con tiempo suficiente para evacuar. Cero alerta temprana. Cero protocolo.
El problema no es solo boliviano. El estudio encontró que en varios observatorios de la región los recursos económicos y humanos son escasos, y que no existe un protocolo de alerta unificado para toda América Latina. Forte subrayó que «el monitoreo con instrumental en el volcán debería ser aumentado», aunque reconoció que el seguimiento satelital también ayuda.
Hay una brecha adicional que el informe pone sobre la mesa y que va más allá de los presupuestos nacionales: los volcanólogos latinoamericanos están subrepresentados en los organismos internacionales donde se deciden las estrategias globales de prevención. «Han estado históricamente subrepresentados en las organizaciones internacionales globales, tanto en términos de participación como en roles de liderazgo», advierte el artículo. Las razones van desde barreras económicas hasta la dificultad de publicar en inglés. La consecuencia es concreta: las prioridades de investigación y los fondos globales para reducir el riesgo volcánico se definen sin la voz de quienes viven y trabajan en la zona más expuesta del planeta.
Los once autores —entre ellos Daniel Bertin del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, Lizzette Rodríguez de la Universidad de Puerto Rico, Mariana Patricia Jácome Paz del Instituto de Geofísica de la UNAM y Silvana Hidalgo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador— propusieron colaboraciones internacionales más equitativas y un aumento del monitoreo instrumental directo en los volcanes.
Para Hemisferio, el cuadro que describe este reporte es el retrato clásico del Estado reactivo: aparatos burocráticos que esperan el desastre para actuar, que subfinancian la ciencia aplicada y que luego cargan el costo humano —y económico— sobre las comunidades más vulnerables. Bolivia sin un solo observatorio volcánico no es una anomalía exótica; es el extremo visible de una lógica regional que prioriza la respuesta sobre la prevención. Cada erupción sin alerta es, en el fondo, una decisión de gasto público que alguien tomó antes. Los contribuyentes, y sobre todo quienes viven al pie del volcán, pagan la cuenta.
