La escena lo dice todo. Un adulto mayor sale del consultorio con un diagnóstico en la mano y, al llegar a casa, encuentra a su familia esperándolo con una conversación que nadie quiere tener. Las llaves del auto están sobre la mesa. Según un estudio de la Fundación Mapfre realizado junto con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el 45% de los exconductores mayores reconoció haber dejado de manejar por sugerencia o presión de su entorno, no por decisión propia.
Los detalles cuentan la historia. Cuando se consultó a los familiares, las cifras fueron aún más contundentes: el 74% aseguró que el adulto mayor dejó de conducir de manera involuntaria. Los motivos principales fueron problemas cognitivos (61%), dificultades físicas para manejar (35%) y diagnósticos de demencia (17%). Del lado de los propios conductores, las razones que más pesaron fueron condiciones médicas (41%), problemas de memoria (36%), dificultades para manejar el vehículo (32%) y un diagnóstico de demencia (23%).
El promedio estadístico que arroja la muestra analizada por la Fundación Mapfre ubica el abandono de la conducción a los 75 años. Los especialistas, sin embargo, son explícitos: esa cifra no es una recomendación ni un límite, sino simplemente el promedio observado entre los participantes del estudio. La advertencia importa porque el debate público suele reducirse a una cifra redonda, cuando la evidencia apunta a otro lugar.
En la Argentina, la legislación es coherente con ese enfoque. No existe una edad a partir de la cual una persona esté obligada por ley a dejar de manejar. Lo que establece la normativa es un sistema de renovaciones progresivamente más exigente. Por lo general —aunque varía según la jurisdicción— a partir de los 65 años aumentan los controles para renovar la licencia, y desde los 70 años el registro debe renovarse cada año. La continuidad al volante no depende de la edad cronológica, sino de que el conductor demuestre que mantiene las condiciones físicas y cognitivas para hacerlo de forma segura.
El peso emocional del proceso no es menor. El estudio registró expresiones recurrentes entre quienes atravesaron esa transición: «ya no soy el mismo», «mi familia ya no confía en mí», «ya no sirvo para nada». El 41% de las personas estudiadas afirmó haber vivido ese momento de forma negativa, principalmente por la pérdida de autonomía e independencia. Conducir, para muchas personas, no es solo un medio de transporte: es la prueba cotidiana de que aún se puede.
La investigación recomienda que los adultos mayores que continúen al volante realicen todos los controles psicofísicos correspondientes, sigan las indicaciones de los profesionales de la salud, viajen acompañados siempre que sea posible, eviten conducir en horarios pico, durante la noche o bajo condiciones meteorológicas adversas, y presten atención a los efectos que los medicamentos pueden tener sobre su capacidad de manejo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que la Fundación Mapfre y el hospital barcelonés publicaron sus conclusiones. El objetivo declarado de la investigación no era restringir la movilidad de los adultos mayores, sino identificar cuándo esa movilidad representa un peligro para ellos mismos o para terceros. La distinción no es menor.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el caso ilumina un principio que vale más allá de la ruta: la autonomía individual es un bien que el Estado no debería recortar por decreto de edad, pero que tampoco puede ignorarse cuando está en juego la seguridad de terceros. El modelo argentino —controles periódicos, criterio médico, sin límite etario rígido— se acerca más a esa lógica que los sistemas que fijan un corte cronológico arbitrario. El desafío real es que esos controles sean rigurosos, accesibles y confiables, y no una formalidad de ventanilla. Cuando el aparato estatal convierte el examen médico en trámite burocrático, la norma bien diseñada pierde todo su sentido.
