La escena lo dice todo.
Un hombre con poder sobre territorios, hombres armados y vidas enteras usó ese poder para someter a tres niñas. No en el monte ni en la clandestinidad: también dentro de las cárceles del Estado colombiano, adonde las menores ingresaban con permiso de sus propios custodios para ser abusadas semana a semana.
Este martes 28 de julio, un tribunal colombiano condenó a Hernán Giraldo Serna —conocido como «El Viejo», excomandante del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— a más de 20 años de prisión por abuso y explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, crímenes cometidos entre 2004 y 2006.
Los detalles cuentan la historia.
Según la Fiscalía, Giraldo aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a vivir en las fincas donde residía y a visitarlo cada semana en los distintos centros penitenciarios de Medellín, Itagüí y Barranquilla donde estuvo recluido antes de su extradición a Estados Unidos. Las visitas no eran clandestinas: las menores contaban con el permiso de quienes tenían su custodia legal.
Las consecuencias fueron devastadoras y distintas para cada víctima. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden de Giraldo. Otra dio a luz un bebé producto de los reiterados abusos. Una tercera, que presentaba una discapacidad cognitiva, fue sometida a condición de servidumbre.
La acusación formal por esos hechos, declarados crímenes de lesa humanidad, data del 6 de septiembre de 2002. Años después, el propio Giraldo aceptó su responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada. El proceso se adelantó bajo la Ley 600 de 2000.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El caso Giraldo no es solo la historia de un criminal individual. Es el retrato de un sistema en el que el poder armado ilegal colonizó instituciones formales —incluidas las prisiones del Estado— y las convirtió en extensión de su dominio. Las víctimas no fueron alcanzadas a pesar del aparato estatal: fueron alcanzadas a través de él, con permisos firmados y rejas abiertas.
La condena llega con décadas de distancia respecto a los hechos. Que haya llegado es relevante. Que haya tardado tanto también lo es.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el fallo merece ser leído en su justa dimensión: es una señal de que la justicia colombiana puede operar, incluso contra figuras que durante años actuaron con impunidad estructural. Pero el caso también obliga a una pregunta incómoda que el establecimiento político prefiere eludir: ¿cuántos mecanismos institucionales —cárceles, custodias, permisos— fueron cómplices pasivos o activos de estos crímenes? La rendición de cuentas no termina con una condena individual. Termina cuando se cierra cada una de las puertas que este hombre nunca debió haber tenido abiertas.
