La escena lo dice todo. Varios cuerpos colgados de un puente vehicular en Zacatecas, diez personas asesinadas en distintos municipios del estado y, días después, un video circulando en redes sociales en el que individuos enmascarados y armados se atribuyen la masacre y amenazan al gobernador David Monreal. Esa fue la secuencia que conmocionó a México en las últimas semanas.
El lunes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de la grabación. Su veredicto fue terminante: «no es real». Según explicó la mandataria, el gabinete de seguridad federal investiga el material y le informó que «ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona». El video, atribuido a Los Mayos —facción del Cártel de Sinaloa—, no solo se adjudica el asesinato de las diez víctimas, sino que afirma que la masacre fue «un encargo del gobierno estatal» y exige al gobernador Monreal que «cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización».
La acusación de colusión entre el gobierno zacatecano y el crimen organizado, formulada en el video, es un señalamiento de terceros que las autoridades federales no han corroborado. Sheinbaum fue explícita al respecto: «Nosotros no solapamos a nadie. No cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad tienen pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede».
Entre las víctimas de la masacre figuraban empresarios y exfuncionarios públicos. Las autoridades señalaron que una línea de investigación apunta a que varios de los fallecidos podrían haber participado, de forma obligada o voluntaria, en una trama de extorsión del crimen organizado. Los motivos precisos del crimen siguen sin esclarecerse.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El hallazgo de los diez cuerpos se produjo hace dos semanas; el video llegó después, amplificando la zozobra en un estado que ya cargaba con una historia reciente de violencia extrema. La imagen de los cuerpos colgados del puente no es nueva en Zacatecas: es el lenguaje con el que los cárteles han comunicado su dominio territorial durante años, una demostración de fuerza dirigida tanto a rivales como a autoridades.
Los detalles cuentan la historia. Que el gabinete de seguridad descarte el video por razones técnicas —la voz no coincide— no cierra la pregunta de fondo: quién mató a esas diez personas, por qué y con qué grado de impunidad. La investigación sigue abierta y las respuestas, por ahora, escasean.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio ilustra una paradoja que el oficialismo mexicano no ha logrado resolver: el aparato estatal puede desacreditar un video, pero no puede desacreditar diez cadáveres. La estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum —heredera directa de la doctrina de «abrazos, no balazos»— enfrenta en Zacatecas su examen más crudo. Cuando el crimen organizado se atreve a nombrar a un gobernador en una grabación y a exigirle el cumplimiento de «acuerdos», el problema ya no es de comunicación ni de pericia forense para detectar audios manipulados: es de autoridad del Estado.
El libre mercado, la inversión y la vida cotidiana de los ciudadanos zacatecanos —muchos de ellos empresarios, como algunas de las propias víctimas— no pueden prosperar en territorios donde el precio de operar un negocio incluye negociar con organizaciones criminales. Esa es la consecuencia real que los números de seguridad no siempre capturan y que un puente con cuerpos colgados comunica con brutal claridad.
