La escena lo dice todo. Un hombre con la voz entrecortada, frente a una cámara, explicando por qué ha decidido que no puede seguir. Alberto Israel Jasso Cruz llevaba 25 años enseñando en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México cuando, según él mismo relató, enfrentó la situación «más problemática» de toda su carrera.
El 14 de julio, una estudiante lo denunció por presunto abuso sexual ante la Dirección Jurídica del instituto. Según el testimonio de la alumna, Jasso Cruz la habría tocado en seis ocasiones durante un mismo día, lo que le provocó un cuadro de ansiedad y derivó en un diagnóstico de cefalea tensional tras ser trasladada a un hospital.
El profesor negó los hechos. Lo hizo en privado y, finalmente, en público: grabó un video de despedida en el que declaró su inocencia, describió el impacto de la acusación en su vida personal y profesional, y explicó que incluso su familia había retirado su apoyo.
«Ustedes se preguntarán: si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?», anticipó en el video. «La respuesta es que, ante estas denuncias falsas, la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial, a menos que seas una persona influyente... lo cual no es mi caso».
Su argumento no era el de alguien que huye. Era, según sus propias palabras, el de alguien que no confía en el sistema que debería protegerlo. «Quiero que esta decisión se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio para que mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia. Un acto de rebeldía porque todo el sistema judicial está corrupto», concluyó.
El Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS reaccionó con un comunicado en el que exigió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. «Era un profesor que enfrentaba una acusación de la que se declaraba inocente. Lamentamos profundamente que no encontrara otra salida ni recibiera acompañamiento a tiempo», señaló el texto.
El caso abre preguntas que el aparato institucional mexicano preferiría no responder. La denuncia es el punto de partida de un proceso que, según Jasso Cruz, arranca con la culpabilidad del acusado como presupuesto. No hay en su relato —ni en la reacción del sindicato— ninguna referencia a un mecanismo de apoyo activado por el propio IEMS mientras la investigación avanzaba. Tampoco a un protocolo de acompañamiento psicológico para el denunciado.
El propio profesor había advertido en el video que algunas alumnas bromeaban con acusar a un docente como herramienta de presión. «De manera responsable, les menciono que eso no se dice ni de broma, porque puede ocasionar circunstancias trágicas», dijo. La tragedia llegó de todos modos.
Hemisferio no puede determinar, con las fuentes disponibles, si la denuncia era fundada o no. Eso corresponde a la justicia. Lo que sí revelan los hechos documentados es el estado de un sistema judicial que el propio afectado describió como corrupto y que, a ojos de un trabajador con 25 años de trayectoria, no ofrecía garantías mínimas de equidad.
Ese es el verdadero escándalo de esta historia. No la denuncia en sí, sino la convicción —fundada o no en este caso concreto— de que el Estado mexicano no tiene mecanismos creíbles para proteger al inocente cuando la acusación es de naturaleza sexual. Un sistema que inspira ese nivel de desconfianza no es un sistema de justicia: es una ruleta. Y Alberto Israel Jasso Cruz apostó todo a que su muerte valdría más que su proceso.
