La escena lo dice todo.
El 30 de julio de 2026, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) firmó en Bogotá una comunicación dirigida a los miembros, delegados y equipos técnicos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación. El destino: Cartagena. La fecha: el 6 de agosto de 2026. El último día del gobierno de Gustavo Petro.
La convocatoria, formalmente presentada como la sesión ordinaria número 74 del OCAD CTeI del Sistema General de Regalías (SGR), se ampara en la Ley 2056 de 2020 y en el Decreto 1821 de 2020. Todo en regla sobre el papel. Pero los detalles cuentan la historia.
El periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio, fue el primero en encender la alarma. Según su denuncia, el DNP y MinCiencias habrían citado esa sesión con un propósito concreto: aprobar a puerta cerrada 49 proyectos por un valor de 735.000 millones de pesos. Nohra añadió que esos proyectos no habrían sido revisados ni evaluados por los funcionarios técnicos competentes.
La cifra es de una magnitud que exige atención: 735.000 millones de pesos en recursos públicos, provenientes del Sistema General de Regalías, que se asignarían en cuestión de horas, en la última jornada hábil de una administración que sale por la puerta trasera del calendario.
El contexto agrava la imagen. La Fiscalía General de la Nación adelanta en paralelo investigaciones sobre la ejecución de recursos del propio SGR. El ente investigador compulsó copias para establecer la posible responsabilidad de siete gobernadores y exgobernadores por un presunto esquema de corrupción que, según la investigación, habría direccionado contratos financiados con recursos del sistema. El presunto desfalco investigado alcanzaría los 3 billones de pesos. Entre los funcionarios y exfuncionarios incluidos figura María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena. Las audiencias de legalización de captura de 13 personas —entre servidores públicos, exfuncionarios y contratistas— avanzan dentro del mismo expediente.
La investigación también involucra al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social «Sierra Nevada», entidad que, según la Fiscalía, habría concentrado la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del SGR en sectores que van desde infraestructura y educación hasta salud, energía y mejoramiento de vivienda rural. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, prevaricato y fraude procesal, entre otros.
Ese es el telón de fondo ante el que se convoca la sesión del 6 de agosto.
MinCiencias también invitó a los integrantes del OCAD a una mesa de trabajo previa para «discutir y preparar los temas» que serían puestos a consideración del organismo. Una formalidad procedimental que, en este contexto, no disipa las dudas sobre la premura y las condiciones en que se pretendería comprometer el erario.
Además, la Contraloría alertó por separado que el gobierno de De la Espriella recibirá el presupuesto de 2027 con una desfinanciación de 30,2 billones de pesos, una herencia fiscal que convierte cada peso del SGR en un bien aún más escaso y, por tanto, aún más sensible a la gestión que se haga de él en las horas finales de la administración saliente.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
Lo que está en juego no es solo una sesión administrativa. Es la pregunta de fondo sobre quién controla el dinero público en los últimos minutos de un gobierno y con qué grado de escrutinio técnico se comprometen recursos que pertenecen, en última instancia, a los colombianos. El Sistema General de Regalías fue diseñado precisamente para que los ingresos extraordinarios del subsuelo llegaran a las regiones con controles cruzados, con evaluación técnica y con transparencia. Aprobar 49 proyectos por 735.000 millones en el día de cierre, sin que los funcionarios técnicos los hayan revisado según la denuncia de Blu Radio, es exactamente el tipo de práctica que ese sistema buscaba impedir. El gobierno entrante y los organismos de control tienen ahora la obligación de revisar cada peso que se apruebe en esa sala de Cartagena.
