La escena lo dice todo. El fin de semana en que Martín Irurzun cumplió 75 años y dejó la Cámara Federal, el edificio de Comodoro Py —el corazón de la justicia penal federal argentina— ya cargaba con 23 cargos vacantes. Con su partida, la cifra llegó a 24. De los 80 puestos considerados estratégicos en ese tribunal, el 30% no tiene titular.
El problema no es nuevo, pero se ha vuelto estructural. Se distribuye por todos los pisos del edificio: los doce juzgados federales donde nacen las causas, la Cámara Federal que revisa los procesamientos, los Tribunales Orales que celebran los juicios y la Cámara de Casación Penal que tiene la última palabra. También alcanza a las fiscalías: de las 25 representaciones del Ministerio Público Fiscal ante cada instancia, seis carecen de titulares.
El andamiaje que mantiene en pie al sistema se llama subrogancia. El mecanismo permite que magistrados o funcionarios de otras dependencias cubran temporalmente los vacíos, percibiendo un adicional por ello. La consecuencia práctica es doble: las decisiones sobre las causas que preocupan al poder se concentran en un número cada vez menor de jueces, y la legitimidad de esas decisiones queda en entredicho desde el inicio.
La Cámara, a mitad de gas
La Cámara Federal ilustra el problema con precisión. Tiene seis cargos de camarista repartidos en dos salas, pero solo la mitad están ocupados por jueces titulares. Los otros dos magistrados en funciones —Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri desde tribunales orales. La Corte Suprema ordenó que permanezcan hasta ser reemplazados por jueces que hayan concursado específicamente para ese cargo.
Para esas dos vacantes, el Gobierno ya eligió candidatos de entre las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura: el propio Bertuzzi, que participó del concurso, y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Pero la salida de Irurzun abre un hueco adicional que obliga al Consejo a activar un nuevo concurso desde cero.
El proceso no es breve. Integración de jurado, convocatoria de postulantes, examen escrito, evaluación de antecedentes, orden de mérito provisorio, posibles impugnaciones, examen psicotécnico, entrevistas personales, nuevo ordenamiento y dictamen de comisión. El concurso que culminó en junio con las ternas para cubrir la otra sala de la Cámara se inició en 2020, hace casi seis años.
Casación: el techo que se achica
En la cima del edificio, la situación adquiere otro matiz. La jubilación del camarista Juan Carlos Gemignani, en marzo de este año, dejó cuatro sillas vacantes en un tribunal compuesto por trece. Un concurso iniciado en 2022 busca cubrir tres de esos cuatro espacios y cuenta con un primer ordenamiento de candidatos, pero restan pasos clave, entre ellos las entrevistas personales, la etapa más cuestionada por su amplio margen de discrecionalidad.
Lo que añade complejidad al panorama es que, según la información disponible, los propios jueces de la Casación han transmitido sentirse cómodos con las subrogancias como dinámica de trabajo. Tras un encuentro entre integrantes del tribunal y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en marzo, ganó fuerza la posibilidad de eliminar una de las salas y reducir el máximo tribunal penal de trece a nueve miembros. Eso implicaría recortar el alcance de un tribunal creado en los años noventa durante el rediseño de la justicia federal impulsado por el gobierno de Carlos Menem.
Los juzgados y los orales
En los doce juzgados federales de Comodoro Py hay cuatro despachos sin titular desde hace años. El juzgado 12 está vacante desde 2019, tras la salida de Sergio Torres; los juzgados 6 y 11 lo están desde 2020, luego de la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio, respectivamente; y el juzgado 9 quedó acéfalo en 2023.
En los Tribunales Orales Federales, de las 24 judicaturas correspondientes a ocho tribunales, hay siete vacantes. Tres pertenecen a un mismo tribunal, el TOF 6, que no tiene ningún magistrado. Para seis de esos siete cargos existe un concurso en curso; el presidente Javier Milei ya eligió candidatos para tres de ellos, cuyos pliegos aguardan aprobación en el Senado.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Comodoro Py no es un tribunal cualquiera: es el lugar donde el Estado argentino investiga a quienes ejercen o ejercieron el poder. Que casi un tercio de sus puestos estratégicos funcione sin titulares no es un dato administrativo menor; es una señal sobre la calidad institucional del país.
El sistema de subrogancias puede ser un parche útil en emergencias. Convertirlo en régimen permanente —o, peor aún, en argumento para eliminar cargos— equivale a resignar la independencia y la previsibilidad que cualquier sistema judicial requiere para ser creíble. Los contribuyentes financian ese aparato; merecen saber que las causas que definen responsabilidades políticas y penales no se resuelven en un tribunal de geometría variable, donde los jueces rotan según la conveniencia del momento.
